newsNace “teñido de azul” el Tribunal de Justicia Administrativo
Chetumal.- Al menos dos de los cinco magistrados del nuevo Tribunal Superior Administrativo son militantes o tienen nexos con el Partido Acción Nacional (PAN), pues uno es sobrino de una diputada federal y otra fue candidata plurinominal en el último proceso electoral. Además, otro es acusado de no contar con la residencia mínima exigida, pues se le acusa de fungir como funcionario en el Estado de México hace menos de dos años.
Ayer, la Diputación Permanente del Congreso del Estado, compuesta por tres panistas, dos perredistas y los legisladores de Encuentro Social y Nueva Alianza, seleccionaron a los cinco magistrados del nuevo tribunal, parte del Sistema Estatal Anticorrupción, con base en las propuestas hechas llegar por el Ejecutivo.
Entre los seleccionados, con un periodo de ocho años, está Antonio Sánchez Urrutia, sobrino de la diputada federal Patricia Sánchez Carrillo, además de haber sido en los últimos meses secretario del Órgano de Consolidación del Sistema de Justicia Penal, y antes de eso director del Periódico Oficial.
Una imagen de una cuenta de redes sociales se le muestra felicitando a su tía panista durante su primer informe de labores.
También elegida, por un periodo de seis años, fue Isabel Cecilia González Glennie, quien figuró como candidata plurinominal del blanquiazul en los últimos comicios estatales. Antes de eso, en 2013, fue la suplente de síndico en la planilla del PAN-PRD para Benito Juárez. Hasta hace poco era delegada del CEN de Acción Nacional en Quintana Roo, además de jurídica de la Administración Portuaria Integral (Apiqroo), que administra la panista Alicia Ricalde Magaña.
SURGE POLÉMICA
Fuentes al interior del Congreso del Estado señalan que estalló la polémica por la designación de Fernando Gama Rodríguez, que trascendió fue funcionario en el Estado de México hasta 2015, por lo que no cumple con la residencia mínima requerida, lo que habría ocultado de su currículum.
Al respecto, el Congreso del Estado emitió un comunicado en el que dicen desconocer la veracidad de esto, que será investigado por la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos y de la Dirección de Apoyo Jurídico, ambas del Poder Judicial, además de estar “atento a lo que el propio aludido tenga que señalar”.
DOS MÁS
Completan el quinteto de magistrados Alfredo Cuéllar Labarthe, quien fungió como abogado de la empresa First National Security de Cancún, luego de que ésta fuera intervenida por la Procuraduría General de la República (PGR).
Se ignora si tiene algún parentesco con Óscar Cuéllar Labarthé, quien laboraba en el Ayuntamiento de Benito Juárez en la administración de Julián Ricalde, antes de ser postulado en 2013 como candidato a diputado local por el PRD. Después de ese fallido proceso, Óscar Cuéllar se reubicó a la Ciudad de México donde actualmente trabaja, curiosamente, en Director de Servicios Legales de la PGR.
También figura Mónica Valencia Díaz, quien era titular de la Unidad de Amparos y Vinculación Institucional del Consejo de la Judicatura, además de ser instructora y capacitadora de la Escuela Judicial.
*Precisiones sobre la integración del Tribunal de Justicia Administrativa*
Boletín 390, 27 de diciembre de 2017
Chetumal, Quintana Roo. – En relación con información dada a conocer este miércoles en redes sociales sobre la trayectoria de Fernando Gama Rodríguez, recién nombrado magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, el Congreso del Estado hace las siguientes precisiones:
El proceso público y abierto mediante el cual fueron designados los cinco integrantes del Tribunal de Justicia Administrativa, se dio en estricto cumplimiento a la convocatoria y al marco jurídico correspondiente.
Los currículos, así como toda la documentación que acredita el cumplimiento de cada uno de los requisitos, e incluso los videos de las 66 entrevistas que se realizaron, fueron enviadas al Ejecutivo estatal a fin de que contara con los elementos necesarios para seleccionar a quienes conformarían las binas sobre la cuales, la Diputación Permanente, elegiría a los integrantes del referido Tribunal.
Al respecto, el presidente de la Gran Comisión, Eduardo Martínez Arcila, señaló:
«Es por ello que podemos afirmar que quienes conformaron las cinco binas enviadas por el Ejecutivo, cumplieron con la documentación requerida en la convocatoria emitida el pasado 21 de noviembre.
De la información que ha surgido en redes sociales con relación a que el magistrado supuestamente laboró en alguna dependencia pública fuera de Quintana Roo, este Congreso desconoce su veracidad ya que nunca fue mencionada por el interesado en su currículo, ni tampoco al momento de su entrevista. En ambos casos no hizo referencia alguna al desempeño de función pública o privada en el Estado de México.
El procedimiento de designación de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa ha concluido».
El Congreso de Quintana Roo a través de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos y de la Dirección de Apoyo Jurídico, realizará las investigaciones pertinentes para corroborar la autenticidad de la referida información, así como la repercusión en el procedimiento por medio del cual fue nombrado dicho magistrado.
El Congreso estará atento a lo que el propio aludido tenga que señalar.
El presidente de la Gran Comisión dijo que «hasta este momento no existe ningún elemento veraz para presumir de alguna irregularidad que se haya cometido por algún participante.
El Congreso de Quintana Roo actúa como toda autoridad, de buena fe; se verifica que los documentos que son sometidos a valoración sean los correctos para satisfacer los fines de los interesados que participan en las convocatorias que se han emitido.
Reconocemos a todos los que han participado en las diversas convocatorias que está XV Legislatura ha emitido y donde se han nombrado a magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, al Fiscal General, al Auditor Superior, así como a los titulares de los órganos internos de control de entes autónomos del estado de Quintana Roo».
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