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BACALAR.- Luego de que en febrero pasado el propietario de un Área Nacional Protegida solicitará el auxilio de la fuerza policial de Bacalar para desalojar a unos supuestos invasores, a quienes acusó de ser paramilitares, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Territorial y Urbano (SEDATU) dio a conocer los planos en los cuales se demuestra la equivocación o corrupción del ayuntamiento del Pueblo Mágico.
Cómo se recordará todo se originó por la disputa de tierras nacionales entre dos particulares Gustavo Rodríguez Elizarrarás y Juan Osvaldo Morales Correa por 170.4 hectáreas inició en la década de los 90´S y que se ubican a un costado del ejido Buenavista y cuya superficie se volvió un botín político y económico por colindar con la carretera federal y la Laguna de Bacalar, ahora que el Tren Maya pasará por la vía Chetumal-Cancún.
Esta disputa derivó de un extraño apoyo hacia Gustavo Rodríguez Elizarrarás, quien agarró parte de estas 170.4 hectáreas –aproximadamente 69.9 h- para titular a su nombre y después reclamó una invasión que terminó con un desalojo a cargo de la policía municipal del ayuntamiento de Bacalar, sin que mediara orden de juez alguno.
El tercer interesado, Samuel Huicab quien compra las tierras a Juan Osvaldo Morales Correa, es el afectado al ser desalojado por la policía municipal de toda la superficie de 170.4 hectáreas y no de las 69.9 hectáreas que ocupa un Área Nacional Protegida titulada a nombre de Gustavo Rodríguez Elizarrarás y no tiene colindancia ni a la Laguna de Bacalar ni a la Carretera Federal, por encontrarse el polígono dentro de las tierras propiedad de Samuel Huicab.
La corrupción de parte de autoridades del Ayuntamiento de Bacalar es eminente, ya que hicieron planos a modo para favorecer a Gustavo Rodríguez Elizarrarás en este conflicto, el cual parece llegar a su fin, al rectificar las medidas de los predios por parte de la SEDATU y en los cuales se establece la “injustica” cometida por parte de quienes con el uso de la fuerza pública desalojaron a los campesinos encabezados por Samuel Huicab.
Un dato curioso es que precisamente el predio denominado 5 Hermanos no tiene títulos otorgados por el gobierno federal, sino escrituras avaladas por el Ayuntamiento de Bacalar y registradas ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio por sus diferentes fracciones que han sido vendidas, pero que ante la SEDATU no aparecen como tal, de acuerdo a los documentos en poder de este medio de comunicación.
Entrevistado al respecto Samuel Huicab dijo que todo salió a la luz pública con el desalojo que se hizo del predio conocido como Rancho Monte Águila, que supuestamente forma parte del Área Nacional Protegida, mismo que se efectuó la tarde del 22 de febrero por la autoridad municipal en cumplimiento de un ordenamiento jurídico, tras judicializarse una denuncia de despojo en la Fiscalía General del Estado.
La orden de desalojo está a favor de Gustavo Rodríguez Elizarrarás, presidente de la asociación Selva y Laguna bacalar, A. C, quién reclama la invasión de la fracción 3 del Rancho 5 Hermanos, orquestada presuntamente por Samuel Aguilar y Celso Catzin en dos ocasiones: julio de 2018 y enero de 2011 supuestamente por la fuerza y con armas de fuego que expulsaron a los investigadores y biólogos de esta zona protegida.
La propia autoridad informó que el predio de 70 hectáreas fue desalojado y en el operativo se detuvieron a cinco personas y el decomiso de dos rifles y cartuchos calibre .12 y .22 mm, armas punzocortantes y equipo de labranza, aun cuando alegaron tener la legítima posesión y mostraron documentos que avalan su posesión de 174 hectáreas.
Según el Ayuntamiento de Bacalar en Oficio MB/TM/DC/242/2018 en contestación a solicitud de la SEDATU de abril del mismo año y firmada por Fredy Marrufo Martín, existe un traslape, es decir las 174 hectáreas del terreno denominado Monte Águila están técnicamente montadas en solo 50 hectáreas de la fracción 3 de 5 Hermanos y propiedad de Gustavo Rodríguez Elizarrarás, según el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de fecha 23 de enero de 2009 según escritura número 2955 y folio 99184.
Razón por la cual resulta extraño que el Ayuntamiento de Bacalar siga resguardando con la fuerza pública dicho predio, aun sabiendo que la supuesta orden jurídica proveniente de la Fiscalía General y no de un juez competente, es solo sobre la superficie de 69.9 hectáreas del Área Nacional Protegida “Huub’ Sak” y no sobre todo el polígono que pertenece a Samuel Huicab y Celso Catzin, lo que es calificado como corrupción.
De acuerdo al testimonio de Samuel Huicab, luego de ser desalojado y de retenerle de manera injusta dos vehículos en el corralón municipal por más de 15 días, el asunto legal lo vio en la SEDATU en una solicitud legal para la corrección de medidas de colindancia, lo que derivó en una investigación hecha y la cual le da la razón de la legítima ocupación de al menos 100.4 hectáreas.
Otro dato interesante es que todos los predios aledaños a Monte Águila cuentan con un título ante la SEDATU excepto el predio 5 Hermanos, donde supuestamente en su fracción tercera con 69.9 hectáreas se ubica el Área Nacional Protegida “Huub’ Sak” propiedad de Gustavo Rodríguez Elizarrarás, esto conforme a los planos oficiales aprobados por la SEDATU.
