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Estos son los tres jueces que le dan libertad con 85 millones de fianza a Roberto Borge
Si Roberto Borge paga una “garantía” de 85 millones de pesos podrá evitar que se cumplimenten las tres órdenes de aprehensión que hay en su contra hasta que el juez Quinto resuelva si le concede o no el amparo promovido, identificado con el número 1096/ 2017.
Los magistrados, Juan Ramón Rodríguez Minaya, Selina Haidé Avante Juárez, Jorge Marcos Mejía y Graciela Bonilla González, consideraron que la suma de la garantía “se estima adecuada» y ponderaron que, de resultar condenado por la probable comisión de los tres delitos, Borge habrá de necesitar mayores recursos económicos para cubrir la reparación del daño patrimonial provocado.
Esta resolución de los magistrados no evita ni se antepone al proceso de Roberto Borge en el fuero federal, tampoco a su permanencia en la cárcel, ya que son procesos distintos.
Son tres las carpetas de investigación que la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo lleva en el proceso de Roberto Borge quien hizo un desfalco millonario al Estado. El daño patrimonial que se imputa a Borge Angulo, asciende a tres mil millones 104 mil 823, 279 pesos, de acuerdo con lo informado por la Fiscalía General el 2 de enero pasado.
En julio de 2017, los abogados de Roberto promovieron un amparo en contra de las tres órdenes de aprehensión por los delitos de peculado, aprovechamiento ilícito del poder y desempeño irregular de la función pública.
El 25 de agosto de 2017, el Juzgado Quinto de Distrito, concedió a la defensa de Borge la suspensión definitiva de la ejecución de las órdenes de aprehensión, hasta que se resuelva la culpabilidad del ex mandatario y los delitos que le imputa la Fiscalía. Y fijó la garantía de 85 millones de pesos.
Con este fallo realizado por los magistrados Juan Ramón Rodríguez Minaya, Selina Haidé Avante Juárez, Jorge Marcos Mejía y Graciela Bonilla González abren la puerta a Roberto Borge para llevar su proceso en libertad al suspender la ejecución de las órdenes de aprehensión contra el exgobernador, mientras el caso se resuelve de fondo.
Los abogados defensores de Roberto Borge han calificado de “excesiva” esta suma de dinero y dicen que esto deja “en estado de indefensión al imputado”.
Para la Fiscalía, la cantidad de dinero fijada no es la correcta ya que el exmandatario hizo un desfalco al estado por más de 3 mil 104 millones 823 mil 279 pesos. La cantidad avalada por los magistrados es apenas el 2.7 por ciento de la suma con la que Borge desfalcó al estado de Quintana Roo.
De chalán a Gobernador
La historia es harto conocida, Roberto Borge no tenía trayectoria política alguna, sin embargo sí tenía oficio como mandadero de Félix González Canto. Fue así su carga maletines, su chofer, su mandadero. Borge inició su carrera política a los 30 años de edad. Estuvo unos meses en los cargos de titular de la Secretaría de Desarrollo Social, la Tesorería General estatal, la Oficialía Mayor de gobierno, la presidencia del Comité Directivo Estatal de su partido y fue diputado federal, en resumen 2 años como funcionario y tres como legislador con una actividad inexistente pues no hay iniciativas presentadas por él, ni se le conoció como orador o por armar un solo debate.
Por dedazo de Félix González Canto, Roberto Borge, fue gobernador y con ello le cuido las espaldas a su antiguo patrón. Sin embargo, el joven Roberto ahora enfrenta tres cargos: 1) Operaciones con recursos de procedencia ilícita, del fuero federal; 2) Aprovechamiento ilícito del poder y 3) Desempeño irregular de la función pública.
Para los quintanarroenses, Roberto Borge es más que solo un político corrupto, él representa el exceso del poder, la impunidad y la perversión de uso político de las funciones públicas.
A Roberto Borge sólo se le han fincado esas tres carpetas de investigación pero a su paso, toda la sociedad de Quintana Roo resultó agraviada: empresarios que se fueron a la quiebra, personas y comerciantes que nunca les pagaron, hay una lista de asesinatos derivados del auge de la delincuencia organizada que entró en el sexenio de Borge y que están impunes, más desapariciones que no se investigan.
Para los quintanarroenses no solamente es el tema del saqueo al erario, hay un daño social irreparable.
Los magistrados
Los magistrados que conceden fianza de 85 millones de pesos a Roberto Borge son Juan Ramón Rodríguez Minaya, Selina Haidé Avante Juárez, Jorge Marcos Mejía y Graciela Bonilla González.
El más sobresaliente es Juan Ramón Rodríguez Minaya, autor de varios libros sobre derecho mexicano. Su trayectoria como juez es controversial, pues ha resuelto penas a favor de la sociedad y muchas en contra. Su trayectoria no ha escapado de los escándalos.
Así, por ejemplo, en mayo del 2014 Juan Ramón Rodríguez Minaya autorizó el despojo de los predios en la zona denominada “Punta Piedra” en Tulum en contra de Inmobiliaria Kuk, S. A de C. V., y otorgó esos predios a Carlos Amador Treviño Lozano, Samuel Aguilar Ibarra y Omar Homero Tijerina Herrera. Estaás tres personas han sido acusadas en distintas ocasiones por distintos afectados como defraudadores.
En diciembre de 2014, Juan Ramón Rodríguez Minaya, declaró como responsable del delito de homicidio a Héctor Casique Fernández, quien había sido amparado por actos de tortura hechos por las autoridades ministeriales que habían arrancado su confesión en los delitos. Héctor Casique Fernández bajo los efectos de la tortura policiaca se incriminó en un delito que no cometió y que lo mantiene en la cárcel, a pesar de la intervención de organismos nacionales y mundiales en materia de derechos humanos. Casique, quién fuera un ciudadano común, pasó a ser “El Diablo”, operador de Los Zetas y autor intelectual del ataque al bar La Sirenita, ubicado en una zona popular de Cancún, donde murieron siete personas, entre ellos Francisco de Asis Achach Castro, “La Barbie”, sobrino de la ex alcaldesa de Benito Juárez, Magaly Achach.
En 2015 por instancias del magistrado Rodríguez Minalla, ahora es ilegal colocar cualquier tipo de distintivo para diferenciar, en una institución educativa, a los estudiantes que sí pagaron colegiatura de los que no, esto es considerado una medida discriminatoria que viola los derechos humanos.
En el año de 2016, por órdenes de Paul Carrillo, exedil de Benito Juárez y por órdenes de Roberto Borge Ángulo más de 100 granaderos intentaron devastar el manglar Tajamar, ubicado en el centro de la ciudad de Cancún y una ventana hacia la laguna Nichupté. Ese ecocidio fue detenido por una orden de los magistrados Selina Haidé Avante Juárez, Juan Ramón Rodríguez Minaya y Jorge Mercado Mejía
La magistrada Selina Haidé Avante Juárez ha tenido una carrera menos protagonista, cursó sus estudios en la Universidad La Salle. Tiene especialidad en Derecho Civil, Derecho Penal y Derecho Administrativo, especialidades que cursó en la Universidad Panamericana.
La magistrada Graciela Bonilla es egresada del Centro Hidalguense de Estudios Superiores. Se especializó en Derecho Ambiental por el Instituto de la Judicatura Federal y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Graciela Bonilla cuenta con una preparación y capacitación para Actuarios del Poder Judicial de la Federación, para Secretarios de Juzgados de Distrito, para Secretarios de Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito y Especialización Judicial. Así mismo hizo estudios y especialización Judicial y Taller Sensibilización en Derechos Humanos.
