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Ordenan revisar cargo en contra de cómplice
Un juez valoró que se encuentran dudas sobre su posible participación en red de lavado
Reforma
Se decretó anular y restablecer la orden de aprehensión girada por el delito de lavado de dinero que acusa a María de Lourdes Pinelo Nieto, secretaria del padre de Roberto Borge, en el mismo problema el cual va en contra del ex gobernador de rematar dos terrenos de 184 millones de pesos a un precio 10 veces menor
Un juez federal, Julio Veredín Sena, le proporcionó la protección de la justicia a Pinelo ya que se encuentran dudas sobre la supuesta cooperación de lavado de dinero para Borge, con la compraventa de inmuebles de las reservas de estado a amigos y familiares.
“El análisis elaborado por el Juez de Distrito responsable no lo realizó de manera adecuada, pues fue omiso en indicar cuáles fueron los actos o acto que desplegó de manera individual o colectiva la directa quejosa y que le vincula directa o indirectamente en la comisión del delito aludido”, señaló.
Por esto, con la orden de su captura, un juez de control se encargará de evaluar nuevamente si es merecedora de preservar o no de la orden de aprehensión.
La Procuraduría General de la República dio a conocer un recurso de revisión que será resuelto en forma definitiva por un tribunal colegiado penal, por lo que el fallo no se determinará enseguida.
Conforme con la sentencia de amparo, el juez Sena estableció al Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal del Edomex, en Nezahualcóyotl, revocar la aprehensión que se perdonó contra Pinelo el 31 de mayo pasado.
También se le impuso una serie de lineamientos para sentenciar si debe o no librar la captura.
Si el juez de control justifica “la existencia de la probabilidad de que la imputada haya cometido o participado en el hecho que la ley señala como delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita”, será lo mejor para la condenada.
A pesar de ello, el juez informa que en la nueva resolución si debe eliminarse la permanencia del delito de lavado y la alternativa de que la acusada haya cometido o participado en el dicho acto.
Tanto como a Pinelo y a Borge, se les responsabiliza de estar relacionados en adquirir de dos inmuebles de las reservas de Cozumel que provocó un daño al erario público por 167 millones 174 mil 311 pesos.
Lo anterior, derivado de que el Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública de Quintan Roo los vendió en 17 millones 357 mil 455 pesos, pese a que su valor comercial era de 184 millones 531 mil 766 pesos.
El primer inmueble, con un superficie de 19 mil 899. 32 metros cuadrados y ubicado en zona rústica de la Colonia Colonos Cuzamil, tiene un precio de 57 millones 791 mil 605 pesos, pero fue rematado en 1 millón 989 mil 932. La diferencia es de 55 millones 801 mil 673 pesos.
El segundo, de 111 mil 763.81 metros cuadrados, localizado en el kilómetro 18+244 de la carretera costera sur de la Reserva Territorial del IPAE, fue adquirido en 1|5 millones 367 mil 523.88 pesos, aunque su precio comercial era de 126 millones 740 mil 161 pesos, ahorrándole a los compradores 111 millones 372 mil 637.12 pesos.
