newsLa PGR aumenta la lista de los implicados en el desvío de recursos federales durante la gestión de Roberto Borge Ángulo.
Ya existían ordenes de aprehensión en contra de Gabriel Mendicuti Loría y Bibiano Villa Castillo, a estos se le sumaron Juan Pedro Mercader Rodríguez, Juan Pablo Guillermo Molina, Fernando Escamilla Carrillo y Mauricio Góngora Escalante, ex titulares de Seguridad Pública, de Sefiplan, Sintra y ex alcalde de Solidaridad.
Además de la orden de arresto federal que tiene Fernando Escamilla Carrillo en contra, también tiene otra por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) al igual que Gonzalo Abelardo Herrera Castilla, ex titular de la Función Pública, como probables responsables de la comisión del hecho que la ley señala como el delito de desempeño irregular de la función pública.
Sus delitos.
Mercader Rodríguez fue severamente cuestionado por la ciudadanía, ya que no era policía de carrera, sino que era el primer civil en ocupar este cargo y anteriormente era el titular del desaparecido (Instituto de Fomento a la Vivienda) Infovir, desde donde, al parecer se gestaron ventas de terrenos de manera irregular.
Guillermo Molina, quien además tiene un proceso de juicio político en su contra, se encuentra inmiscuido en el presunto desvío de 220 millones de pesos del Impuesto al Hospedaje que no fueron entregados a los fideicomisos de promoción turística de Quintana Roo, deberá comprobar los recursos con los cuales se adquirieron en forma “ilegal” 300 hectáreas en el Ejido de Ulila, Ucú, Yucatán, lo cual fue denunciado por sus legítimos propietarios.
El ex alcalde de Solidaridad y ex candidato del PRI a la gubernatura de Quintana Roo, Góngora Escalante, tiene que comprobar también el destino de 400 millones de pesos durante su gestión al frente de la Comuna playense, al igual que su ex tesorero, Rafael Castro Castro.
Por su parte Escamilla Carrillo, ex titular de Sintra, acusado de desvío de recursos federales en obras como son el polémico Auditorio del Bienestar o los domos deportivos, que costaron el doble del presupuesto que en otros Estados del país.
Entre las irregularidades que se le encontraron a Herrera Castilla cuando fungió como secretario de la Función Pública, fue no iniciar el procedimiento administrativo por actos de omisión en el cumplimiento de 34 contratos relacionados con la compra de medicamentos y por aportaciones no pagadas del Programa de Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística.
Y frenó las investigaciones en contra de 30 ex funcionarios públicos que incurrieron en malos manejos de fondos federales.
