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- Un tribunal federal determinó que debe ser un juez de Ciudad Nezahualcóyotl y no de Quintana Roo quien lleve proceso contra prestanombres de Roberto Borge.
ADRIANA RAMÍREZ / AGENCIA REFORMA/ LUCES DEL SIGLO
CIUDAD DE MÉXICO.- Un tribunal federal determinó que debe ser un juez de Ciudad Nezahualcóyotl y no de Quintana Roo, quien tramite el proceso por lavado de más de 900 millones de pesos contra César Celso González Hermosillo y Melgarejo, presunto prestanombres de Roberto Borge.
Al resolver un conflicto competencial, Martha Estréver Escamilla, magistrada del Tercer Tribunal Unitario del Estado de México, resolvió que el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Nezahualcóyotl es competente para llevar el proceso.
En un principio, el impartidor de justicia de este municipio mexiquense turnó el caso a un homólogo de Cancún, por estimar que allá es donde se cometió el delito; sin embargo, el juez de control de Quintana Roo rechazó asumir la competencia.
Esto llevó al conflicto que ahora ha sido resuelto por segunda ocasión desde el 2019.
González, también abogado de la familia Borge, presentó una demanda de amparo contra este fallo que mantiene su procedimiento en el Estado de México, ya que él vive en Cancún y allá acude a la Unidad de Medidas Cautelares para cumplir con las obligaciones que le impusieron para gozar de la libertad provisional.
Olga María Ojeda Arellano, magistrada del Octavo Tribunal Unitario de Nezahualcóyotl, admitió su amparo, pero rechazó suspender el fallo que radica en esta localidad el proceso contra el imputado, al estimar que sólo en sentencia de amparo se le podría restituir el derecho que reclama, señalan registros judiciales.
Sólo concedió la medida suspensional, pero para el único efecto de que las cosas se mantengan en el estado que guardan actualmente y le permitan continuar cumpliendo con la medida cautelar de presentarse cada 15 días en el Centro Federal de Justicia Penal en Cancún.
Al supuesto testaferro le imputan ser cómplice del ex gobernador de Quintana Roo en una trama de venta de más de 20 terrenos de las reservas del estado en la Riviera Maya, en favor de amigos y familiares del propio Borge.
Los inmuebles habrían sido valuados en mil 138 millones 889 mil 540 pesos, pero el gobierno estatal los vendió en 238 millones 790 mil 121, ocasionando un quebranto al patrimonio estatal de 900 millones 99 mil 418 pesos.
González fue detenido el 14 de julio de 2018 en una clínica de Cancún y procesado hasta el 7 de septiembre siguiente, aunque le concedieron la medida cautelar de la libertad, mediante el pago de una garantía de 15 millones de pesos, la entrega de su pasaporte y su presentación periódica.
