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Con esto se busca que se recaben los datos biométricos (rasgos físicos personales, ADN, huellas digitales, etc.) de todas las personas que tengan una línea telefónica. Esto se haría de forma obligatoria, masiva y centralizada, como excusa para el combate de la extorsión.
Esta información tiene potencial de utilizarse de forma abusiva y contraria a derechos. No hay que olvidar el contexto de filtraciones de datos personales en posesión de sujetos obligados, corrupción, venta de datos y fallas de seguridad en los sistemas informáticos del gobierno.
La vinculación obligatoria de una tarjeta SIM a la identidad de una persona también vulnera el derecho a comunicarse de manera anónima y facilita el monitoreo de la población, lo cual viola el derecho a la privacidad de las personas.
Además, representa un riesgo para periodistas, activistas y defensores de derechos humanos, quienes por su actividad pueden ser blanco del mal uso de esta información, vulnerando el derecho a la libertad de expresión.
Ahora está en manos del Senado de la República informarse sobre las alternativas al combate de la extorsión que no requieren violar los derechos de la ciudadanía.
Para conocer más, lee el comunicado de R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales
