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• A la fecha, se han publicado las versiones públicas de las sentencias, en apego a la normatividad vigente en la materia.
• Se han iniciado los trabajos para la incorporación de las tecnologías para el acceso a todas las sentencias, ante la inminente entrada en vigor de reforma a la Ley General.
El 29 de julio del presente año, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó la reforma a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública para establecer la obligación de los Poderes Judiciales de publicar las versiones públicas de todas sus sentencias.
En el dictamen aprobado, pendiente de publicación, dispone que esta reforma entrará en vigor a los 180 días posteriores a su publicación en el Diario Oficial de la Federación; con lo que, a partir de su entrada en vigor, los Poderes Judiciales contarán con un plazo de 180 días para iniciar la publicación de las versiones públicas del texto íntegro de las sentencias emitidas.
Actualmente, la Ley de Transparencia vigente dispone que el Poder Judicial debe publicar las versiones públicas de las sentencias que sean de interés público, sin clarificar este último concepto.
Ante esta circunstancia, en marzo de 2019, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo estableció un Acuerdo para la publicación de las sentencias ejecutorias públicas relevantes, clarificando lo que debe entenderse como interés público para garantizar el acceso a la información de la impartición de justicia, en los asuntos que:
o Incluyan criterios de interpretación novedosos.
o La sociedad o los actos de gobierno resulten afectados de manera determinante.
o Interpreten la normatividad local.
o Por su relevancia económica, social o jurídica resulten de interés nacional o estatal.
o Sean de consulta frecuente a través de solicitudes de información.
Desde el año 2018 a la fecha, se han publicado 135 versiones públicas de sentencias, en cumplimiento a la normatividad vigente en materia de transparencia; y ante la inminente entrada en vigor de la reforma, se han iniciado los trabajos para la incorporación de las tecnologías que faciliten el acceso a todas las sentencias, en los plazos señalados por la Ley General.
