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Chetumal.- Al dejar en claro que no existe persecución contra exfuncionarios públicos o grupos políticos, el Secretario de la Contraloría del Estado (Secoes), Rafael Del Pozo Dergal informó que hasta la fecha hay abiertas 824 Carpetas de Investigación por parte de la dependencia, además de las 60 denuncias recibidas por la línea “Tak Pool”.
Además, dijo, Quintana Roo está en los primeros cinco lugares como una de las entidades que ha manejado de manera transparente el tema de asignación de recursos por la Pandemia de Covid-19, pero que irán por estar en el número 1, pues solamente son temas de ajustar el portal de transparencia y bigdata para que en cualquier formato se pueda compartir. Así como también los datos de la Coparmex (Confederación Patrona de la República Mexicana) que coloca al Estado en quinto lugar como uno de los que tiene menor opacidad en el manejo de los recursos federales.
En rueda de prensa virtual con medios de comunicación, Del Pozo Dergal también dijo que se han hecho los procesos de auditoría que derivaron en una serie de irregularidades, que fueron documentadas y sustentadas; todo ello para que se abrieran los procesos contra los exfuncionarios públicos, a tal grado que algunos están prófugos, unos presos y otros en libertad en arraigo domiciliario porque la norma así lo establece.
Al hablar sobre el último arraigo domiciliario, de Mauricio Góngora Escalante, el Contralor del Estado explicó que “lo de Mauricio Góngora no implica que se resolvió el asunto, hay una presunción de inocencia. La Contraloría no tiene el carácter de parte, los procesos de Mauricio son procedimiento del ejercicio de responsabilidad pública del municipio de Solidaridad, no corresponde al patrimonio del estado”.
Recordó la reciente modificación a la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos, publicada en 2019, observada para todo el país y que no es retroactiva; así que cuando llegó esta administración el 2016, se tuvo que trabajar con la que existía, que era local donde la responsabilidad del ejercicio público prescribía en uno o tres años, dependiendo de la afectación a la Hacienda Pública. Así que tuvieron que esperar la prescripción administrativa para presentar pruebas por la vía penal.
INVESTIGACIONES EN CURSO
Al cuestionarlo si existe frustración por parte de la Secoes al ver que la mayoría de los exfuncionarios enfrentan sus procesos en libertad, Rafael del Pozo argumentó que no hay tal frustración porque el avance es relevante; eso sí, hay desazón porque el marco regulativo y normativo es como es.
“En el sistema mexicano no se puede aplicar la norma retroactivamente. Se nos vendió una reforma penal que iba a ser la panacea, en materia de derechos humanos, que ha cumplido, los que no ameritan prisión preventiva, los resolvió el Congreso federal, permite que quienes están sujetos a un proceso puedan seguir su proceso fuera, no tiene que ver con la responsabilidad, sino con en términos de la reforma, si existe la posibilidad de fuga cuando termine el proceso con una sentencia”. Del procedimiento dependerá el éxito o el fracaso.
Una investigación que lleva su curso es la de los 5 mil millones de pesos asignados al campo en cuatro años, del 2012-2015, donde se pagaron cheques a nombre de personas específicas, servidores públicos, que van de 1 millón hasta 20 millones, son hechos concretos. Para 2012-2013 están prescritos, pero no por la vía penal, por eso se dio vista a las autoridades competentes. Lo que se sabe es que es irregular la forma y el mecanismo, y no hay evidencia que se haya entregado a personas dedicadas al campo en Quintana Roo.
Otro de los asuntos que no están cerrados el tema de la participación del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS) en la llamada “Estafa maestra” de la entonces Secretaría de Desarrollo Social, aunque es la federación la que lleva el caso; de manera local se observará lo que corresponde como estado, que es la asignación de contratos.
Puso el ejemplo que actualmente hay una dependencia donde se alteraron unos cheques, pero que ya se comprobó que no fue dentro de la institución, sino fuera de la institución y cobradas de manera irregular; por eso es que se hace una auditoría a la dependencia que manejan las chequeras de Quintana Roo.
“Que existe una red que compre estos cheques, lo que no significa que haya un servidor público que esté involucrado, cada asunto tiene un caso diferenciado. Por ejemplo ‘Adicom’”.
GOBIERNO DE FÉLIX GONZÁLEZ, SIN CONSECUENCIAS
El Secretario de la Contraloría argumentó que hoy por hoy se construye una institución sólida, que cuando venga otro gobierno puedan ser evaluados, primeros en los mismos parámetros y segundo se cuente con una sociedad inmiscuida en los asuntos públicos y seguir creciendo en términos de participación ciudadana y que no venga nadie a decir que no pueden conocer los asuntos públicos.
Sin mencionar el nombre del exgobernador Félix Arturo González Canto (2005-2011), el Contralor dijo que la administración de Carlos Joaquín González no puede fincarle responsabilidades, pues los presuntos delitos ya prescribieron, que esa responsabilidad le correspondía hacerla al gobierno anterior, o sea al de Roberto Borge Angulo (2011-2016), pero cuando llegaron en el 2016 no encontraron ningún documento que indique que se levantaron expedientes del 2005 al 2011.
Negó que exista negligencia en la aplicación de sanciones, pues en cuanto al tema de los uniformes, donde se falló fue en la integración de la documentación por parte de la empresa, a tal grado que se les sancionó con 10 millones de pesos que le fueron descontados. No hubo desvío de recursos porque los uniformes se entregaron, tarde, pero se entregaron.
