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MARCO ANTONIO BARRERA
CANCÚN, Q. ROO.- (Luces del Siglo) María Elena Hermelinda Lezama fue señalada por prestadores públicos de pasajeros por autorizar a medios de transporte público operar sin tener facultades legales para ello
La orden fue dada el pasado 26 de febrero por eso los prestadores públicos recurrieron al juicio de amparo ante Juzgados Federales para echar abajo la orden de la alcaldesa de Benito Juárez por crear otro tipo de vehículos colectivos en Cancún.
Uno de los prestadores públicos identificado como José María Pérez Avendaño entregó una prueba al Juzgado Quinto de Distrito, un contrato suscrito por la alcaldesa Lezama con el cual se pretende demostrar que incurre en violación es por extralimitarse de sus funciones ta que es exclusiva del Poder Ejecutivo estatal.
Diana Gabriela Romero Herrera y Carla Priscila Polanco Pinzón se unieron al grupo de transportistas inconformes con la discrecionalidad de Lezama, y reclamaron la falta de atribuciones de las autoridades municipales para otorgar la prestación del servicio público de pasajeros, de las que coincidieron “son ilegales por carecer, la autoridad municipal, de competencia legal para ello”
Reclamarón “las órdenes verbales de la alcaldesa de abstenerse de cumplir el ordinal 169 (inciso P), de la Ley de los Municipios de Estado de Quintana Roo; de igual manera la orden verbal de autorizar la concesión en la prestación de un servicio público de pasajeros que no le está permitido a las autoridades municipales y que es contrario a la ley que rige la materia”.
Aime Gabriela Cruz Campos, presentó un cuarto Juicio de amparo ante el Juzgado Octavo de Distrito y señaló a la alcaldesa de incurrir en “omisión de abstenerse a cumplir” el numeral 1169 de la Ley de Municipios de Quintana Roo, donde no se le autoriza otorgar concesiones.
En esta cuarta solicitud de Amparo Los transportistas afectados solicitaron la suspensión provisional para que las autoridades dejen de seguir autorizando O concencion ando en el ámbito de sus facultades legales a que las unidades vehiculares sigan prestando el servicio público así como abstenerse de seguir ordenando la no aplicación de la porción normativa en cita.
Gracias al acuerdo a una concesión que otorga el instituto de movilidad de Quintana Roo como lo establece el artículo 25, párrafo XXIII de la ley que regula sus funciones el servicio público de pasajeros y taxi operan en todo el estado.
