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(Cortesía: Tiempos de Guerrero)
JESÚS LEMUS ESPECIAL PARA LA TIMES EN ESPAÑOL
La noche de este sábado fue ejecutado a balazos en el interior de un restaurante bar del centro de la ciudad de Iguala Guerrero uno de los comunicadores locales que le daba mayor seguimiento al caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, junto con uno de sus escoltas, miembro de la policía municipal, que estaba asignado a su seguridad como parte del protocolo de protección que le ofreció el Mecanismo de Protección de Periodistas del gobierno federal.
A causa de sus investigaciones periodísticas sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa ocurrida entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014, Pablo Morrugares Parraguirre había recibido diversas amenazas de muerte, fue víctima de una campaña de desprestigio y sufrió un atentado a balazos, por lo que el gobierno federal lo acogió en su Programa de Protección a Periodistas.
El servicio de escoltas con el que contaba Pablo Morrugares le fue asignado desde el 2016, cuando arreciaron las amenazas de muerte y fue víctima de un primer atentado por parte de un grupo armado que disparó contra él, su esposa y uno de sus guardaespaldas, en hechos que no se han esclarecido a la fecha.
En el primer atentado ocurrido la tarde del sábado 7 de mayo del 2016, cuando Pablo Morrugares circulaba en su automóvil acompañado de su esposa, sobre la calle Zapata del municipio de Iguala, tanto él como su mujer resultaron ilesos, pero el escolta que los acompañaba fue herido de gravedad, producto de las ráfagas disparadas por un comando armado que se dio a la fuga.
Tras el atentado de aquella ocasión, Pablo Morrugares escribió un mensaje en sus redes sociales: “finalmente manos cobardes cumplieron su amenaza. Hace unos minutos me atacaron a balazos. Gracias a Dios los impactos no dieron en mi humanidad ya que mi carro los recibió todos. Hoy les pido una oración para mí”.
La noche del sábado, Pablo Morrugares no fue alcanzado por las oraciones que pidió para él; de acuerdo a la versión de la Dirección de Seguridad del municipio de Iguala, el periodista fue ejecutado junto con su escolta cuando ambos se encontraban al interior del restaurante bar Mr. Búfalos, ubicado en el número 156 de la calle Aldama, en pleno centro de la ciudad de Iguala.
De acuerdo a la versión de la policía municipal de Iguala, el periodista y su escolta habrían acudido a una reunión de trabajo al restaurante bar, toda vez que Pablo Morrugares también ejercía como promotor musical a través de su empresa “P.M. Representaciones Artísticas”, cuando al lugar arribaron dos personas, quienes dispararon directamente en contra de sus víctimas.
Los dos cuerpos quedaron tendidos en el lugar de los hechos; Pablo Morrugares recibió al menos tres impactos de bala, al parecer .9 milímetros, dos de ellos en el pecho y uno en la cabeza, mientras que su escolta, que no alcanzó a desenfundar su arma de cargo, recibió dos balazos también del mismo calibre, entre el pecho y el estómago.
Un velo de duda
El asesinato de Pablo Morrugares Parraguirre, más allá de la afrenta que genera en el gremio periodístico, llama la atención por tratarse de uno de los pocos comunicadores locales que le daba puntual seguimiento a las investigaciones de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, por cuyo trabajo había sido objeto de una campaña de desprestigio.
En 2015 Pablo Morrugares fue señalado desde el anonimato, en redes sociales, de ser colaborador en grado de asesor del entonces alcalde de Iguala, Guerreo, José Luis Abarca, quien está señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) de ser el autor intelectual de las desaparición de los 43 estudiantes.
De estas acusaciones, el propio Pablo Morrugares se defendió a través de su cuenta personal en Facebook, retando a que se le demostrara dicha acusación. “Hago el reto abierto y ante todas las y los lectores, si alguien me comprueba con recibos de nómina o firmas que trabajé con ellos (José Luis Abarca y su esposa). Me someto al escrutinio de la sociedad y me presento en el centro de Iguala para que quienes tengan esas pruebas me exhiban penosamente”, escribió en redes sociales.
Desde su propio puño se describió como “un ciudadano común y corriente que solo –como la mayoría- queremos paz en Iguala. Y ante las acusaciones que han vertido en mi contra les respondo lo siguiente: Tengo mi empresa P. M. Representaciones Artísticas, con la cual me dedicó a vender grupos musicales a los ayuntamientos, fiestas particulares y por supuesto a los jaripeos y bailes. Mi empresa vende contratos en los estados de México, Morelos, Guerrero entre otros más”.
Como si previera su destino, también escribió: “sobre las investigaciones (de la desaparición de los 43 normalistas) que he publicado y que mucha gente no está de acuerdo, lo siento pero yo no estoy para complacer a nadie y lo que difundo es porque desde el día de los hechos, yo cubrí puntualmente ese evento, pues vivo a una cuadra de donde fueron los hechos de la calle Álvarez.
”Lamento que por opinar de manera distinta a otras personas, tengan que acusarme sin sustento alguno. Porque entonces se está violentando mi derecho a pensar y a opinar. Si emito opiniones es porque en mi poder tengo 20 tomos del Caso Iguala, que son miles de copias, las cuales diariamente leo para fundamentar mis publicaciones y no me baso en lo que dice el vecino”.
”Podrán cortar todas las flores pero jamás impedirán que llegue la primavera”, subrayó.
Ola sangrienta contra periodistas
Este asesinato es el número 57 que se comete contra un periodista en México desde 2017 a la fecha. Solo en lo que va del 2020, con esta ejecución ya suman nueve en las que han perdido la vida tres mujeres periodistas y seis hombres que trabajaban en el campo de la información. Por eso la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha clasificado a México como el país sin guerra más peligroso para ejercer el periodismo.
Con el asesinato de Pablo Morrugares, el estado de Guerrero -junto con Sonora- ya se coloca como la segunda entidad más riesgosa para el ejercicio informativo, al sumar cinco homicidios de periodistas del 2017 a la fecha. Por encima de Guerrero solo se encuentra el estado de Veracruz, donde en los últimos tres años y lo que va del 2020 ya son siete asesinatos de periodistas.
Los periodistas ejecutados en Veracruz son Ricardo Monlui Cabrera (19 de marzo de 2017), Edwin Rivera Paz (10 de julio de 2017), Cándido Ríos Vásquez (22 de agostos de 2017), Gumaro Pérez Aguilando (19 de diciembre de 2017), Leobardo Vásquez Atzin (21 de marzo de 2018), Jorge Celestino Ruiz Vázquez (2 de agosto de 2019) y María Elena Ferral Hernández (30 de marzo de 2020).
En el estado de Sonora, la lista negra de ejecuciones la integran Reynaldo López, ejecutado en el municipio de Hermosillo (16 de febrero de 2019); Santiago Barroso Alfaro, asesinado en San Luis Río Colorado, (15 de marzo de 2019); Jorge Miguel Armenta Ávalos, acribillado en Ciudad Obregón (16 de mayo de 2020); Alma Angélica Aguilar Domínguez, ejecutada en la localidad de Cajeme (10 de junio de 2020) y José Castillo, inmolado en Ciudad Obregón (11 de junio de 2020).
Por lo que toca al estado de Guerrero, antes del asesinato de Pablo Morrugares Perraguirrre, ocurrido en Iguala, ya se había registrado el homicidio de Cecilio Pineda Birto, acaecido en Ciudad Altamirano, (2 de marzo de 2017); Arturo Porcallo Aguiluz, ejecutado en la ciudad de Taxco, (28 de septiembre de 2018); Edgar Alberto Nava López, acribillado en Zihuatanejo (2 de agosto de 2019) y Víctor Fernando Álvarez Chávez, asesinado en Acapulco (11 de abril del 2020).
De acuerdo al Mecanismo de Protección de Periodistas, de la Secretaría de Gobernación del gobierno federal, en su informe del 2019, emitido en julio de 2020, el índice de agresiones a los trabajadores de los medios de comunicación, sigue al alza en todo el país, donde el principal factor que se atribuye para esta situación es la creciente actividad de los grupos delincuenciales vinculados al tráfico de drogas.
Según este informe, solo en 2019 los periodistas en México sufrieron al menos 207 agresiones que fueron desde amenazas de muerte, ataques físicos, intimidación, secuestros y asesinatos, de las que 32 de esas agresiones diversas fueron dirigidas a mujeres, 134 a hombres, y otras 41 a organizaciones y colectivos de periodistas.
