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(Consejos Mecanismo)
Ciudad de México, a 02 de junio de 2020. – El Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas expresa su total rechazo a la iniciativa presentada en la Comisión Permanente del Congreso y publicada en la Gaceta el Senado el pasado 20 de mayo de 2020 por integrantes del Grupo Parlamentario del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), a través de la cual se busca reformar y derogar distintas disposiciones de la Ley que da vida al Mecanismo para hacer frente a la situación sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), ejecución que implicaría la extinción del Fideicomiso 10232 para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Quienes integramos el Consejo Consultivo reconocemos que la pandemia causada por el virus COVID-19 ha puesto de manifiesto los retos a los que se enfrentan los Estados para dar respuesta a situaciones generalizadas de emergencia, en especial en el ámbito de la salud pública y la economía. Si bien es cierto, este escenario significa una importante toma de decisiones desde la Administración Pública para hacer frente a los desafíos en puerta, es importarte reconocer que la presión por la crisis económica y el reinicio de actividades no puede suponer la toma precipitada de decisiones bajo la premisa de evitar el deterioro en las finanzas públicas.
A propósito del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, resulta oportuno mencionar que su operatividad presupuestaria deriva de la existencia del Fondo Fideicomiso 10232, el cual tiene por objeto destinar recursos económicos exclusivamente para la implementación y operación de las Medidas de Prevención, Medidas Preventivas, Medidas de Protección y Medidas Urgentes de Protección, así como la realización de los demás actos que establezca la Ley para el funcionamiento del Mecanismo destinados a garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de las más de 1086 personas beneficiarias adscritas al mismo, de las cuales al menos 721 se dedican a la defensa de derechos humanos (371 mujeres, 350 hombres) y 365 al periodismo (97 mujeres y 268 hombres).
En esta línea, el Consejo Consultivo valora con extrema preocupación el proceder de la iniciativa citada, estimando que extinguir, reducir o reorientar los fondos del Fideicomiso significaría a su vez poner en riesgo a quienes diariamente se enfrentan a un contexto de alta violencia, y cuyo trabajo resulta fundamental para la consolidación y el perfeccionamiento de cualquier sistema democrático.
En primer lugar, pretender la extinción del Fideicomiso como forma de administración del dinero público dificultaría enormemente el funcionamiento del Mecanismo como tal, considerando que las pautas actuales para su ejercicio garantizan en mayor medida la disponibilidad de los recursos para dar atención a los acuerdos tomados en las Juntas de Gobierno en relación a los planes de protección, mientras que de ser concretada la iniciativa, este mismo proceso se convertiría en un asunto altamente burocrático y tendiente a entorpecer lo relativo a la asignación e implementación de medidas, situación que por su propia naturaleza presume un sentido de urgencia.
Aunado a esto, la figura del Fideicomiso supone la trascendencia de los recursos más allá del año fiscal, situación que posibilita la creación de una reserva de fondos a favor del Mecanismo en caso de que al terminar el ejercicio fiscal aún se cuente con capital favorable. Extinguido el Fideicomiso, este saldo a favor desaparecería al concluir el ejercicio fiscal, imposibilitando al Mecanismo para continuar con los planes de protección de las y los beneficiarios hasta que se concluyeran las gestiones administrativas para la reasignación.
Por último, el hecho de que la Secretaría de Gobernación (SEGOB) tenga en sus manos la administración del Fideicomiso asienta la idea de que los recursos dejarían de estar exclusivamente destinados para la implementación de las medidas y planes de protección acordados por la Junta de Gobierno, caso contrario pasarían al fondo común de esta instancia, lo que compromete considerablemente la agilidad en la toma de decisiones por suponer procesos administrativos internos extraordinarios para la disposición de los mismos.
Este órgano ciudadano aprovecha la ocasión para reiterar su empatía por la búsqueda de la transparencia, la rendición de cuentas y el manejo responsable de los recursos públicos, no obstante, enfatiza que el cambio de esquema en el manejo presupuestal que ha sido contemplado en la iniciativa en análisis, presume cambios que podrían tener consecuencias graves en la operatividad y eficacia del Mecanismo, impidiendo incluso que pueda cumplir a cabalidad sus funciones, sin omitir los enormes desafíos a los que al día de hoy se enfrenta como la insuficiente asignación económica que ha sido un un problema reiterado desde su creación.
No es en vano mencionar que esta obligación de garantía presupuestal ha sido reiterada al Estado mexicano en múltiples ocasiones por los titulares de organismos internacionales de derechos humanos como el Relator Especial de Naciones Unidas (ONU) sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, y el Relator Especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quienes en 2017 llamaron a las autoridades mexicanas a “Brindar al Mecanismo de protección federal los recursos humanos y materiales necesarios para desempeñar su mandato.”
A la par de lo expuesto, se hace un llamado urgente al órgano legislativo para sumar esfuerzos con los demás poderes de gobierno en sus distintos niveles, sociedad civil y otros actores, con el fin de coordinar acciones que fortalezcan sustancialmente al Mecanismo de Protección para que pueda cumplir a sus funciones adecuadamente.
El Consejo Consultivo insiste a autoridades y actores del ejercicio legislativo no sólo a garantizar los recursos suficientes para la administración y ejecución del Mecanismo, sino también a rechazar cualquier tipo de modificación al marco normativo que regula actualmente el Fondo Fideicomiso 10232, tomando en cuenta que su operación ha abonado de forma directa a la protección de cientos de personas defensoras y periodistas desde su creación en 2012.
Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas en México
conformado por:
Alberto Xicoténcatl Carrasco
Araceli Domínguez Medina
Araceli Magdalena Rodríguez Nava
Atziri Ávila López
Elsa Leonor Ángeles Vera
Lucía Lagunes Huerta
Maurilio Santiago Reyes
Stefan Markus Zimmer
