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“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”
Ciudad de México a 2 de junio de 2020
DECRETO DE AUSTERIDAD PARALIZARÁ FUNCIONAMIENTO DE LA
CEAV
• La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas refrenda su compromiso
con la defensa, promoción y protección de los derechos humanos y lo
honrará hasta el límite de sus capacidades físicas y financieras, bajo los
principios de dignidad, legalidad, máxima protección, transparencia y
rendición de cuentas
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) informa que el Decreto por el que
se establecen las medidas de austeridad, que deberán observar las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal, publicado el 23 de abril de 2020 en el
Diario Oficial de la Federación (DOF), frenará sus actividades esenciales y paralizará su
funcionamiento.
En comparación con cualquier otra dependencia u órgano del Gobierno Federal, la
CEAV resentirá un impacto mayúsculo en su funcionamiento. La CEAV no es propietaria
de ningún inmueble en los que opera, la mayoría de los servicios son subcontratados,
gran parte del personal fue contratado –desde el origen de la institución– de manera
irregular, con plazas eventuales y de outsourcing. Además, heredados por
administraciones anteriores, la CEAV enfrenta 453 juicios de amparo en su contra y 46
juicios laborales por montos millonarios.
Aunque la CEAV argumentó que se encuentra en el supuesto de excepción señalado
en el numeral 38 del Decreto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
determinó la reducción del 75 por ciento del gasto corriente de la Comisión Ejecutiva,
el cual asciende a 139.4 millones de pesos, sin considerar que esta institución tiene la
obligación de garantizar, promover y proteger los derechos humanos de las personas
víctimas de violaciones a derechos humanos, así como de delitos como desaparición
forzada, ejecución extrajudicial, tortura, detención arbitraria, feminicidio y trata, entre
otros.
Es preciso señalar que los gastos de renta, agua, luz, telefonía, y otros servicios básicos
contratados para la operación de la CEAV, por lo que resta del año ascienden a 121.9 millones de pesos.
Ángel Urraza 1137, Col. Del Valle, 03100, Benito Juárez, CDMX. Tel: 55 1000 2000 www.gob.mx/ceav
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas refrenda su compromiso con la defensa,
promoción y protección de los derechos humanos y lo honrará hasta el límite de sus
capacidades físicas y financieras, bajo los principios de dignidad, legalidad, máxima
protección, transparencia y rendición de cuentas.
A continuación, algunos ejemplos del impacto que tendrá el recorte del 75 por ciento
del presupuesto disponible en los capítulos 2000 y 3000, correspondientes a Materiales
y Suministros y a Servicios Generales:
• El déficit presupuestal generado por el recorte provocará un ajuste en la nómina
debido a que la mayor parte del personal es eventual o de outsourcing y, desde 2012,
sus salarios son pagados con los recursos de las partidas 2000 y 3000, con la
autorización de la SHCP. Sólo en las oficinas centrales, de los 388 puestos de trabajo
existentes, casi el 60 por ciento está en esta situación.
• No será posible pagar la renta ni los servicios de agua, luz, telefonía ni internet de las
oficinas centrales ni de los 32 Centros de Atención Integral que hay en todos los estados
del país.
• El incumplimiento de 43 contratos por 121.9 millones de pesos, muy probablemente
detonará demandas contra la institución y generará pasivos millonarios para el Estado.
• Perderemos el alojamiento y resguardo del Registro Nacional de Víctimas (RENAVI),
con todos los datos personales de más de 34 mil 215 víctimas, así como todos los
servidores, computadoras e impresoras.
• El área de traslados desaparece, por lo que será imposible tramitar 9 mil 862 traslados
anuales para que las víctimas acudan a las audiencias ante el MP, Juzgados, la CNDH o
diligencias de búsqueda. Los asesores jurídicos, peritos y acompañantes psicosociales
tampoco podrán asistirlos durante dichas diligencias.
• La reducción del 30% de asesores jurídicos impedirá brindar asesoría jurídica y apoyo
legal a mil 874 víctimas al año.
• No se podrá tramitar la entrega de las medidas de ayuda para más de 5 mil víctimas al
mes.
• Las 7 mil 200 víctimas que mensualmente son atendidas en los 32 Centros de Atención
Integral que hay en todo el país, no tendrán un sitio a dónde acudir para recibir atención
psicológica, social, médica y orientación jurídica.
• El área jurídica no estará en condiciones de defender judicialmente los intereses del
Estado mexicano en los 453 juicios de amparo –154 de ellos están en etapa de
cumplimiento– y todos los asuntos laborales promovidos contra la CEAV.
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• Sin defensa legal, la CEAV incurrirá en incumplimiento de sentencias, las cuales
consumirán rápidamente el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI),
por lo que no habrá recursos para ayudar a las víctimas con medidas de alimentación,
alojamiento, gastos funerarios, indemnizaciones ni compensaciones.
• No habrá los abogados suficientes para emitir resoluciones y hacer los análisis jurídicos
técnicos de derechos humanos en indemnizaciones por daños, lo cual terminará por
impedir que las víctimas puedan acceder a la compensación.
• No habrá condiciones para implementar las reparaciones colectivas dictadas por el
Comité Interdisciplinario Evaluador (CIE), los juzgados, tribunales u organismos de
derechos humanos.
• No será posible avanzar en el rezago de resoluciones por compensaciones y medidas
de ayuda del Comité Interdisciplinario Evaluador (CIE) que prevalece desde 2017.
• Quedarán pendientes las mil 100 resoluciones y 610 procedimientos judiciales en
trámite, algunos de los cuales se refieren a recomendaciones de la CNDH, Corte
Interamericana, Comisión Interamericana, Oficina de la Alta Comisionada de las
Naciones Unidas en México y atracciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
sobre casos como Ayotzinapa, Guerra sucia, Atenco, Tanhuato, ABC, Tlatlaya, Casino
Royale, entre otros.
• Quedará pendiente la elaboración de un nuevo modelo de compensaciones a nivel
nacional, con estándares homologados, criterios internacionales y un enfoque de
protección de derechos humanos.
• Desaparecerá el área que administra el RENAVI y atiende un promedio de 500
solicitudes mensuales.
• No será posible tener control y vigilancia del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación
Integral (FAARI), debido al desmantelamiento del área, por lo que se incumplirán las
recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación sobre el fortalecimiento del
control interno.
• Será imposible atender los retrasos en la atención de solicitudes en materia de
transparencia, a causa de la desarticulación del área responsable.
• La Oficialía de Partes, que recibe entre 150 y 200 documentos diarios, ya no tendrá
personal para atender y dar seguimiento a las notificaciones de Juzgados y Tribunales
federales, CNDH, FGR, Comisiones Ejecutivas de Atención a Víctimas estatales,
organismos internacionales, dependencias y entidades de la Administración Pública, Federal, entre otras.
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• Al sufrir un ajuste de personal en la Unidad de Género, quedarán pendientes los
programas de sensibilización y prevención del acoso y hostigamiento sexual, así como
laboral.
• Se cancelará la campaña de posicionamiento de la Comisión Ejecutiva y la estrategia
de comunicación digital, para dar a conocer los alcances y beneficios del Modelo de
Atención Integral a Víctimas a las víctimas, colectivos, organizaciones de la sociedad
civil y organismos internacionales, debido al desmantelamiento de la Dirección de
Comunicación Social.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas considera que atender a las víctimas del
Estado y garantizar sus derechos, es el único camino hacia la restauración del tejido
social y la construcción de paz.
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