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Chetumal.- Tras las fuertes insistencias por parte del personal de la dirección de Reglamento, Fiscalización y Vía Pública, vendedoras ambulantes decidieron proceder ante el Ministerio Público (MP).
Solicitaron asesoría de abogados que ofrecen servicios gratuitos, para presentar la denuncia correspondiente.
Y es que la madrugada de ayer se dio un enfrentamiento entre vendedoras de las comunidades de Mayabalam y personal del Ayuntamiento de Othón P. Blanco, porque no se permitió las primeras establecerse para la venta de sus productos.
Isidra, vendedora ambulante, denunció que el impedimento fue porque no «pagaron» las cuotas a los inspectores de Reglamento, Fiscalización y Vía Pública.
Y es que «las cuotas» van desde mil 500 hasta cinco mil pesos para dejarles vender. Desde las 02:00 horas llegan a cobrar. En varios casos los recibos que entregan careen de número de folio.
Aquellos comericantes, sobre todo los establecidos, que pagan «la mordida» pueden trabajar sin respetar las disposiciones sanitarias para contener el COVID-19, aseguran.
