Cancún.- Una semana después que la delegación local de Canirac afirmara que el 70% de sus agremiados han sido extorsionados, y un día después que su homólogo en Cancún exigiera a las autoridades que se pongan a trabajar, la Secretaría estatal de Seguridad Pública anuncia un operativo permanente para abatir el cobro de “derecho de piso”.
El titular de esta dependencia, Jesús Alberto Capella Ibarra, anunció en su cuenta de Twitter que “hoy iniciamos un operativo permanente de presencia e investigación que nos permita resolver de una vez por todas este tema que por años ha afectado al sector empresarial de Solidaridad. Su información anónima y apoyo es fundamental”.
Acompaña estas palabras una carta, en la que acepta que la Unidad especial designada en Playa del Carmen por la Fiscalía General del Estado ha sido poco efectiva, pues casi no se han recibido denuncias.
La unidad fue inaugurada en octubre del año pasado por el fiscal general, Oscar Montes de Oca, para desmantelar una red de extorsionadores, liderados por “El Pantera”, misma que se había extendido por toda la ciudad. Ahí admitió que las víctimas no se atrevían a denunciar.
En la carta firmada por Capella Ibarra, se indica que se pone a disposición el número de denuncia anónima 089, además de sus redes sociales.
Hace una semana, Juan Carlos Hernández, presidente del capítulo local de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), reveló que el 70% de sus agremiados han sido víctimas de algún tipo de extorsión.
A lo largo de 2018 y 2019, varios comercios de Playa del Carmen sufrieron atentados por sujetos armados, que se presumen estaban relacionados con el “derecho de piso”, con varias personas resultando heridas o incluso perdiendo la vida, mayormente en La Guadalupana, Villas del Sol y colonia Centro. Diversos otros negocios han abruptamente cerrado sus puertas.
Ayer, en un tono mucho más enfático, el presidente de la Canirac en Cancún, Mercy Bezalel, afirmó que no han recibido respuesta por parte de Alberto Capella y el Mando Único, frente a sus quejas por el aumento en extorsiones.
Incluso, reveló que al denunciar un caso, le enviaron a un comandante, que le aconsejó llegar a un “punto medio” con los delincuentes, lo que consideró “una burla”, aunque más bien sería una colusión criminal.