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Solidaridad, Quintana Roo, a 13 de febrero del 2020.- La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) obtuvo de un Juez Penal una sentencia condenatoria en contra de Rafael Eugenio Castro Castro
, a quien le impuso una pena de dos años y dos meses de prisión por el delito de Desempeño Irregular de la Función Pública.
El ahora sentenciado, quien realizó funciones como Presidente Municipal de Solidaridad, también recibió una sanción de 120 días multa, además de que está acusado por el quebranto patrimonial por aproximadamente 111 millones de pesos.
El órgano jurisdiccional fue garante al señalar que, en cuanto a la reparación del daño, la condena será genérica a efecto de precisar algunos procedimientos y que serán resueltos en una audiencia consecuente de ejecución de sentencia.
En el contexto de los hechos, el Juez logró tomar esta decisión por todos los elementos que logró integrar la Fiscalía Anticorrupción dentro del expediente marcado con el número 42/2019 (Carpeta de Juicio Oral).
En la investigación que realizaron los especialistas, se estableció que de enero a septiembre del año 2016, fueron realizados 88 procesos de contrataciones de bienes y servicios de manera indebida, tras poseer vicios de legalidad con 16 proveedores por parte del Honorable Ayuntamiento.
Dichos procedimientos, que fueron corroborados por el juzgador, debieron ser velados por los altos mandos de dicho ayuntamiento; esto quiere decir que el hoy imputado realizó manejos incorrectos de la cuenta pública y la administración de los bienes, por ende, no actuó apegado a la Ley.
En dichas indagatorias, se determinó que R. E. C. C., operó en conjunto con otros servidores públicos que laboraron en dicha administración en el año 2016; tal y como lo señala también el informe presentado por la Auditoría Superior del Estado (Aseqroo).
Con este fallo a favor del municipio, la Fiscalía Anticorrupción logra que se repare el daño causado a la cuenta pública, luego de un largo proceso que se afrontó profesionalmente a fin de garantizar la justicia en Quintana Roo.
El delito por el que se le acusa a este ex funcionario está previsto y sancionado en el Artículo 207, fracción IV del Código Penal vigente al momento de los hechos, con una pena que va de 1 a 3 años de prisión y 200 días multa.
Rafael Castro ocupó la titularidad de la Oficialia Mayor, durante la gestión del entonces alcalde, Mauricio Góngora Escalante (2013-2016). Cuando éste se separó del cargo, para contender por la gubernatura de Quintana Roo, en suseción de Roberto Borge, Castro Castro asumió la suplencia como presidente municipal.
Góngora Escalente y Rafael Castro son acusados de peculado en la carpeta 229/ 2017, por el caso Finmart, empresa con la que firmaron un contrato para otorgar créditos a empleados de la comuna, para la compra de electrodomésticos.
Vía nómina, el ayuntamiento descontaba a los trabajadores, cada quincena y depositaba a la compañía, que en 2015 dejó de recibir los pagos y lo comunicó a la presidenta municipal de Solidaridad, Cristina Torres, cuando asumió el encargo.
