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RUBÉN TORRES
CANCÚN, Q. ROO.- Jesús Alberto Capella Ibarra, secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo calificó a través de un mensaje de twitter a Chakib Naif I. Al Boustany, Adrián Nicolae Cosmin y Florian Tudor como “pseudo empresarios”, quienes en una carta abierta publicada en medios denunciaron extorsiones y persecución en su contra por parte del funcionario.
En la misiva pública, Al Boustany, Nicolae Cosmin y Florian Tudor, ciudadanos de origen rumano, denunciaron estar sometidos a presiones por Capella Ibarra desde el año pasado, junto con las corporaciones preventivas municipal y estatal, con respaldo de la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) e incluso de la Secretaría de Marina.
De acuerdo con los tres rumanos, estos hechos impactan a “empresarios y hombres de negocios en Quintana Roo”, actos que constan en la carpeta de investigación asentada en la delegación de la FGR: FED/FECC/UNAI-QR/0000287/2019 y afectados por ello con 67 millones de pesos por saqueo y 150 millones de pesos en afectaciones laborales.
Los denunciantes aseguran que Capella Ibarra se ostenta como el director del Mando Único y que fue en diciembre de 2019 cuando inició el acoso en su contra, pero en particular contra Florian Tudor, de acuerdo al contenido de la carta desplegada y dirigida a los tres Poderes de la Unión, estatales y comisiones de Derechos Humanos, entre otros.
En respuesta, el director de la Secretaría de Seguridad Pública, quien asumió el cargo de manos del gobernador Carlos Joaquín el 26 de septiembre de 2018, publicó en un twitter, como es su costumbre, lo siguiente:
“NINGUNA amenaza, campaña perversa (como la de los pseudo empresarios de hoy), ataque político, campaña mediática orquestada y financiada por intereses oscuros, IMPEDIRA que cumplamos con nuestra responsabilidad institucional siempre apegados al marco jurídico vigente…”.
Por lo tanto serán las autoridades federales, en este caso la FGR, al frente de Alejandro Gertz Manero, quien determine si la investigación asentada en su delegación en la entidad, es atraída o queda en manos de la Fiscalía General de Quintana Roo, dependiendo en qué sentido emita su opinión jurisdiccional.
