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Cancún.- Los dos amparos otorgados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que cerca de 60 hectáreas de la zona federal marítimo terrestre de la Isla Grande de Holbox fueron entregado a particulares, abren un peligroso precedente legal que vulnera el patrimonio de los mexicanos, pero se trató de un cambio de dominio, no de protección ambiental, que sigue en vigor en Yum Balam, afirmó la ambientalista Katerine Ender Córdova.
“Sin importar los apellidos o títulos nobiliarios de los involucrados, todo sigue siendo área natural protegida”, comentó la defensora de Tajamar, al referirse a estos particulares, que incluyen a los dueños de Bepensa, Famsa y Axtel.
Por ello, lo importante es mantenerse vigilantes de que no se devaste este entorno natural ni se otorguen permisos que violenten el estatus de la zona, como parte de la reserva de Yum Balam, añadió la presidenta del Movimiento en Pro de los Derechos del Pueblo.
Por medio de dos juicios de amparo, el propietario de Bepensa (distribuidora de Coca-Cola), Fernando Ponce García, a través de su empresa Península Maya Developments, al igual que Bernardo Guerra Treviño (consejero de Famsa y director de Axtel), Mauricio Morales Sada (consejero de Axtel), Humberto Garza Valdez (fundador de Famsa), Gilberto Pérez García, y María Magdalena Meyer Guzmán, lograron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenara la desincorporación de cerca de 60 hectáreas de la zofemat, en la Isla Grande de Holbox, para serles retornado, pues se argumentó que la delimitación de esta zona y entrega en tutela a la Conanp fue realizada sin respetar su derecho a la audiencia.
Ender Córdova, aunque aclaró que no ha estudiado a fondo los resolutivos judiciales, opinó que la ley es clara e inequívoca: debe prevalecer los 20 metros de la franja costera que se indica que son la zofemat. Incluso si se pierde terreno al mar, se mantiene este patrimonio de todos los mexicanos.
“Quienes están cerca de esa zona, en Holbox, saben que esa franja siempre será federal, aunque quienes dicen ser propietarios se escuden temporalmente con amparos”, añadió.
Lo que toca, comentó es que los ciudadanos mexicanos, que están siendo despojados de su patrimonio, de forma colectiva también se amparen para evitar esto, pues el derecho de la comunidad debe estar por encima del de estos empresarios.
“En tanto, debemos estar atentos a lo que pretendan hacer con estos terrenos, porque una cosa es que te reconozcan derechos sobre un predio, pero de ahí a construir, a devastar, hay un enorme trecho. Allí deben regirse según las normas”, comentó.
Lo cierto es que se crea un criterio muy peligroso, en que cualquiera con documentos puede igualmente alegar que es dueño de la zofemat, obteniendo un amparo
“Puede haber alguien que diga ser dueño de una playa desde la era de los dinosaurios, porque estamos en un país muy corrupto, en el que los documentos se pueden fabricar, pero no pueden hacer lo que quieran con esa franja, no pueden construir en duna costera”, insistió.
