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Dentro de la enmarañada trama de corrupción, develada tras la detención de Genaro García Luna, el ex secretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón, acusado en Estados Unidos de nexos con el narcotráfico, surge otra arista de mayor preocupación: el ex funcionario no solo desvió recursos de la Secretaría de Gobernación, sino que conoció a la perfección la ubicación de Mil 209 periodistas y/o activistas con amenazas de muerte que se acogieron al programa de protección del gobierno federal.
Esta situación puso en riesgo a 139 periodistas mujeres, 353 periodistas hombres, 352 defensores de derechos humanos y ambientales mujeres y 365 defensores hombres, los que confiaron su seguridad al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, los que desde el 2012 han sido vigilados, bajo el pretexto de su seguridad, por parte de la empresa RCU Sistemas S.A. de C.V., la empresa subvencionada por el gobierno federal para esa labor.
RCU Sistemas S.A. de C.V., está relacionada con Genaro García Luna, a través de una de sus hermanas; esta es la empresa que sin licitación, desde el 2012, cuando fue creado el mecanismo de protección de periodistas y defensores de derechos humanos, se llevó todos los contratos del gobierno federal, para ofrecer servicios de seguridad a los periodistas y activistas en riesgo.
Desde el 2012 hasta el 2018, se estima que RCU Sistemas S.A. de C.V. obtuvo contratos directos de la Secretaría de Gobernación, por el orden de los cinco mil millones de pesos, aun cuando la inversión realizada en la seguridad de periodistas y activistas no fue mayor a los a los mil 200 millones de pesos durante ese periodo.
El poder de Genaro García Luna sobre la Secretaría de Gobernación, aun cuando desde el 2013 dejó de ser parte de la esfera de gobierno, fue inmenso: durante el gobierno de Enrique Peña Nieto no solo se benefició con contratos directos para RCU Sistemas S.A. de C.V., sino que logró también contratos directos para otras de sus empresas que participaron en el ramo de la seguridad cibernética y en telecomunicaciones.
Otras de las empresas que se beneficiaron gracias a la influencia de García Luna, con montos globales por encima de los 10 mil millones de pesos, son Nunvan Inc., Icit Holding, Glac Security Consulting y Operadora Grupo Gas Mart, las que prestaron servicios de información, seguridad digital y sistemas de video vigilancia a diversos sectores empresariales, incluido el gobierno mexicano.
Por lo que hace a RCU Sistemas S.A. de C.V., según lo dio a conocer Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Genaro García Luna desvío recursos por el orden de los 2 mil millones de pesos, solo en lo que hace del 2016 al 2018, cuando incrementó sustancialmente el número de personas periodistas y defensores de derechos protegidas por el gobierno federal.
La protección de periodistas y activistas que fue entregada a la empresa de García Luna, cuando de este ya se sospechaba que estaba coludido con diversos grupos del narco –por diversos señalamientos hechos por periodistas independientes-, no tuvo reparo en confiar datos personales de las víctimas de agresiones de muerte, lo que evidencia el alto grado de riesgo en el que se encontraron, y aún se encuentran los perseguidos a causa de su trabajo.
A causa de la corrupción que permitió a la Secretaría de Gobernación entregar a RCU Sistemas S.A. de C.V., datos personales, como ubicación, dirección domiciliaria, número de teléfono, nombres de familiares y hasta rutinas de trabajo y movilización personal de los periodistas y activistas en riesgo, es que hoy se sabe el alto riego en el que se ubicaron durante años los protegidos por el sistema de seguridad del gobierno federal.
Solo así se entiende que de los 17 periodistas asesinados en el 2017, los 18 ejecutados en el 2018, y los 13 asesinados en lo que va del 2019, por lo menos 16 de ellos estaban “protegidos” con un botón de pánico, mediante el que eran monitoreados por RCU Sistemas S.A. de C.V., lo que abre la posibilidad a nuevas investigaciones para conocer el grado de participación de esta empresa en la comisión de esos asesinatos.
Hay que referir además que la posible participación de RCU Sistemas S.A. de C.V. en la comisión de agresiones a periodistas y defensores protegidos por el Mecanismo Federal, no se limita solo a los asesinatos de 16 periodistas y por lo menos otros siete defensores de derechos que fueron ejecutados y que igualmente contaban con un botón de pánico, sino que también puede caer en el hostigamiento del que siguen siendo víctimas decenas de protegidos por el sistema federal subvencionado.
A la fecha, por lo menos otros 20 periodistas y al menos cuatro defensores de derechos humanos, que son monitoreados por RCU Sistemas S.A. de C.V., han manifestado no solo irregularidades en por parte de esta empresa, sino que en muchos casos, a través del propio botón de pánico muchas de estas personas en riesgo, siguen recibiendo amenazas de muerte.
En la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, (FEADLE) de la Fiscalía General de la República (FGR), al día de hoy existen al menos 16 denuncias penales presentadas por periodistas y defensores de derechos humanos, que señalan una posible responsabilidad de RCU Sistema S.A. de C.V. en relación a conductas impropias de la empresa, las que han puesto en mayor riesgo a las personas protegidas.
La misma Comisión Nacional de los Derechos Humanos, también ha tomado conocimiento de por lo menos siete denuncias, solo en lo que va de este año, en relación a violaciones a los protocolos de seguridad en agravio de las personas protegidas por parte de la empresa relacionada con Genaro García Luna, donde la más frecuente es la exposición de los beneficiarios del Mecanismo de Protección a situaciones de riesgo al ser difundida su ubicación a instancias las policías locales.
A causa de la filtración de datos personales, ubicación y rutinas de las personas protegidas por RCU Sistemas S.A. de C.V., es que hasta diciembre del 2019, por lo menos 37 periodistas y otros 12 defensores de derechos humanos, ya habían renunciado voluntariamente al Mecanismo de Protección, al considerar que estaban expuestos a mayor riesgo al ser vigilados por esta empresa.
