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El proceso en Estados Unidos para designar a los narcos mexicanos como organizaciones terroristas puso en la agenda del gobierno de México la necesaria cooperación, más no intervención, para combatir bilateralmente no sólo la logística y capacidad de fuego del narcotráfico, sino las extraordinarias utilidades que genera y que son utilizadas para corromper, comprar y de este modo reproducirse de manera ampliada.
Ante el anuncio de Donald Trump de que su gobierno inició un proceso para designar como terroristas a los cárteles del narcotráfico, el presidente Andrés Manuel López Obrador se limitó a decir que “cooperación sí, intervencionismo no” y en ese sentido instruyó al canciller Marcelo Ebrard para atender el tema y coordinarse con las autoridades estadounidenses.
La medida adoptada por EU después de la masacre de nueve mujeres y niños en el norte de México, contempla ordenamientos jurídicos no sólo para que ese país pueda usar la fuerza en territorio mexicano contra los cárteles de la droga, sino también para investigar, perseguir y sentenciar a los estadounidenses que ofrezcan apoyo, y a las instituciones financieras que manejen fondos ligados a esos grupos.
De concretarse este proceso las instituciones y empresas que tengan vínculos financieros y comerciales con los grupos criminales a través, por ejemplo, del lavado de dinero y la venta de armas, estarán bajo el foco permanente del gobierno e incluso de ciudadanos estadounidenses que tendrán la obligación de alertar al Departamento del Tesoro. Es decir, generará grandes costos políticos y económicos a la economía criminal.
El académico y actual funcionario federal, Alberto Montoya Martín del Campo consideró que el poder del narcotráfico no está en su armamento, logística, capacidad de fuego u organización. “El poder del sistema de economía criminal está en sus tasas de utilidad extraordinarias; en su capacidad de acumulación acelerada y la magnitud de las ganancias que genera y que les permite (a los narcotraficantes) corromper todo lo que se les ponga en el camino y reclutar continuamente a otros sujetos”.
Por eso, dijo, “la estrategia de acabar con un grupo tiene como efecto inmediato la creación de otro o de varios que lo sustituyen. Es una actividad económica que necesariamente tiene un alcance transnacional e implicaciones geopolíticas, y que es capaz de corromper al sistema policiaco, de procuración de justicia, carcelario, a los órdenes de gobierno municipal, estatal y federal, al ejército, los medios de comunicación, partidos políticos, políticos, empresarios, organismos de la sociedad civil, miembros de iglesias y periodistas.
“De lo anterior se deduce”, concluyó Montoya, “que es imposible erradicar o detener la corrupción y violencia del sistema de economía criminal, si no se detiene su proceso de reproducción económica”.
