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CANCÚN, Q. ROO.- El origen de los bienes inmuebles de Mariana Zorrilla, ex esposa del ex gobernador preso Roberto Borge Angulo, es todavía un enigma para el Servicio de Administración Tributaria (SAT) que desde 2017 la investiga por presunta evasión fiscal.
Después de que el 21 de marzo pasado la Sala Regional de Caribe del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (expediente 500/18-20-01-4) declaró infundada la impugnación interpuesta contra la “ilegalidad” del citatorio y del acta de notificación de una multa en su contra, Zorrilla Erales recurrió al amparo para desvirtuar el procedimiento.
Este recurso legal está siendo analizado actualmente por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito bajo el expediente 239/2019, y a ocho meses de haberse iniciado el juicio sigue estancado en resolver un Incidente de Falsedad de Firma planteado por el Ministerio Público Federal en contra de la ex primera dama de Quintana Roo.
El 17 de junio venció el plazo para que Zorrilla alegara lo conducente respecto del Incidente de Falsedad de Firma planteado en su contra, por lo que el Primer Tribunal Colegiado ordenó la designación de un perito de la Fiscalía General de la República, así como la realización de la prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopía para determinar si la firma inspeccionada es, o no, del puño y letra de la acusada.
A la primera de esas audiencias, el 9 de septiembre, no asistió a comparecer Zorrilla por lo que fue requerida nuevamente para presentarse el día 30 de septiembre, que volvió a diferirse en fecha todavía indefinida.
El principal alegato en este juicio por parte de su defensa es que Zorrilla no fue debidamente notificada, por lo que calificó de inconstitucionales tanto el citatorio como el acta de notificación de 28 y 29 de agosto de 2017 que sirvieron de base para las actuaciones de las autoridades ministeriales.
Pero ese argumento fue declarado infundado por la Sala Regional del Caribe del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y se espera que el Primer Tribunal Colegiado confirme la sentencia para salir del escollo en que está metido el juicio.
El 26 de agosto de 2017, mediante oficio 93167R80235322, el SAT solicitó al Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Cozumel, “constancia respecto a la existencia de registros y/o bienes a nombre del contribuyente Mariana Zorrilla Erales”, y notificó del inicio de un Procedimiento Administrativo de Ejecución en su contra por probable omisión de alguna declaración fiscal, aunque resultó que en la isla de las golondrinas no posee algún inmueble.
En la base de datos del Registro Público de la Propiedad en el estado, Mariana y su hermana Paola son propietarias de dos residencias de lujo y dos locales comerciales que ambas adquirieron con su modesto sueldo de empleadas durante el gobierno de Borge.
Una de esas residencias se ubica en privada Coruña del fraccionamiento Villa Magna y el otro en calle Unidad Privativas del Residencial Condominio Casa Grande en Cancún. Y los dos locales comerciales ocupan los números 17 y 18 del Centro Comercial Plaza 26.