Crece contaminación transgénica en la península, alertan apicultores

Playa del Carmen.- La contaminación por la siembra ilegal de cultivos transgénicos solía estar confinada a la zona de Holpechén, en Campeche, pero ahora ya se ha expandido a otros puntos, como Mérida, Yucatán y Felipe Carrillo Puerto y Bacalar, en Quintana Roo.
Anastasio Oliveros López, presidente de la Unión de Sociedades Apícolas Ecológicas de Calakmul (USAEC) señaló que estiman que hasta 70 mil hectáreas son utilizadas para la siembra de soya transgénica, situación ilegal, toda vez que el permiso otorgado para Monsanto fue revocado por el Gobierno Federal, pero que es permitido por corrupción de las autoridades.
“Le hemos pedido al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Toledo Mansur, que pare contundentemente la siembra de productos transgénicos, que son monocultivos de grandes extensiones, que acaban con la selva”, acusó el productor apícola.
El problema con la contaminación transgénica es que el producto ya no puede ser exportado a Europa, el principal mercado de la miel orgánica, pues allá la ley señala que un producto transgénico debe tener una advertencia en el empaque, lo que lo vuelve imposible de vender.
Este temor de contaminación ha hecho que el precio se desplome, de 3 mil 200 dólares por tonelada el año pasado, a apenas mil 200 dólares este año, una caída del 60%.
Pero no es el único problema que enfrenta la industria apícola, pues también su producto ha comenzado a ser desplazado por alta fructosa, un azúcar que es dañino para la salud, pero que es más económico.

“Toda clase de productos ahora son endulzados con esta sustancia nociva, reemplazando a la miel y a la caña de azúcar, y esto es a nivel mundial, lo que ha hecho que caiga el precio de la miel”, lamentó.
Por ello, exhortan al gobierno federal a que habilite el laboratorio de la UNAM para detectar productos que usen este endulzante artificial y advertir al público del riesgo de su consumo.
Oliveros López aseveró que se carece de una política pública para proteger a la apicultura, que una de las actividades que menos apoyo recibe del gobierno.