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A nueve días de concluir su periodo, el alcalde Remberto Estrada consumó los cambios
MARCO ANTONIO BARRERA
CANCÚN, Q. ROO.- Para que el “Hotel Grand Island Cancún” fuera viable, el Cabildo de Benito Juárez, encabezado por el entonces alcalde Remberto Estrada, realizó una sesión “de carácter privada” el 21 de septiembre de 2018, a nueve días de dejar el cargo, para diseñarle al proyecto un traje a la medida dentro del Programa de Desarrollo Urbano (PDU).
Fue en la décimo octava sesión extraordinaria en que se dio paso al proyecto que incumplía con la densidad, altura y coeficiente de uso de suelo de una zona turístico residencial unifamiliar, habitacional de densidad media y de una zona de servicios turísticos y recreativos con campo de golf.
La actividad hotelera donde se pretende desplantar el hotel todo incluido estaba prohibida, de acuerdo con el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Cancún (PDUCPC) 2014-2030, pero la modificación a Clave TRC3, permitió ajustar los parámetros a una categoría de Turístico Hotelero que permitió una densidad de 142 cuartos por hectárea, una altura máxima de 20 niveles, un coeficiente de uso de suelo 2.26 y el coeficiente de ocupación de suelo del 34.2 por ciento.
El cambio de normatividad fue confirmado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) por la Dirección General de Ecología del Municipio de Benito Juárez, a través del oficio MBJ/PM/SMEDU/DGE/DPPA/DESI/0402/2019 del 1 de febrero pasado.
“El uso de suelo turístico hotelero correspondiente al Lote 56-A-2 ha sido formalmente ratificado y actualizado conforme al Programa de Desarrollo Urbano vigente… asignándole al predio en comento el uso de suelo identificado en dicho ordenamiento como TH/15/N con sus respectivos parámetros de construcción, por lo que dicho uso de suelo es válido, eficaz, vinculante, exigible y aplicable al comentado Lote 56-A-2”.
EL IMPEDIMENTO PREVIO
La prohibición que prevaleció durante años frenó la pretendida intención de construir el “Desarrollo Condominal Grand Island”, mediante diversos trámites que realizaron ante las autoridades federales.
Los desarrolladores obtuvieron en 2005 una autorización en Materia de Impacto Ambiental (S.G.P.A./DGIRA.DEI.2493.05) para remover 9.22 hectáreas de vegetación secundaria y manglar en el predio del kilómetro 16.5 del Boulevard Kukulcán.
El 18 de octubre de 2006 accedieron al cambio de uso de suelo en terrenos forestales sólo para uso residencial en una superficie de 92 mil 216.59 metros cuadrados. En el otro predio, de 223 mil 558.56 metros cuadrados, el proyecto consistía en construir 94 casas de tres niveles (“Town Houses”), 20 residencias de tres niveles, 189 departamentos distribuidos en 21 edificios de cinco niveles (villas mediterráneas) y mil 120 departamentos distribuidos en 16 edificios de 20 niveles cada uno, áreas de esparcimiento, albercas áreas verdes y estacionamiento.
Hace nueve años, la Semarnat aprobó también la construcción de 238 lotes de viviendas unifamiliares, áreas verdes y recreativas, tres puentes de concreto y el relleno de 47 mil 570 metros cuadrados de la zona inundada (lago) ubicada al centro del terreno principal.
Además, autorizó abrir un canal de 1.36 metros de profundidad mediante un permiso para preparar el sitio y construir durante 18 meses, pero que se amplió a 10 años, y cuyo plazo vencerá el 7 de marzo de 2022.
Un año después, se extendió la autorización para realizar obras de obturación total con materiales pétreos de los canales que comunican al espejo de agua con el sistema lagunar Nichupté y los lagos artificiales del campo de golf del Hotel Hilton.
El 28 de noviembre de 2018, la delegación de la Secretaría en Quintana Roo mediante oficio 04/SGA/1430/1903096 autorizó finalmente la construcción condicionada del Hotel Grand Island Cancún y dio un plazo de 42 meses para la preparación e inicio de los trabajos.
Este tipo de casos son fiscalizados por la Semarnat y su titular Víctor Manuel Toledo, mediante una estrategia para terminar con la corrupción, especialmente en casos donde se vinculan autorizaciones de la Zona Federal Marítimo Terrestre, en las cuales se han detectado dobles o triples concesiones o documentos apócrifos para el otorgamiento de autorizaciones.
