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Washington.- Justo un día después que Joaquín «El Chapo» Guzmán Loera fuera declarado culpable por 10 delitos de narcotráfico en un juzgado federal de Nueva York, en febrero de este año, el gobierno de Estados Unidos dejó claro al Cártel de Sinaloa y a la familia del capo que el fin de los días del narcotraficante no significaba que cesaban en su cerco ni les iban a dar descanso.
Si la condena a Guzmán Loera fue un 12 de febrero, el 13 de febrero el gobierno desclasificaba la acusación y orden de aprehensión con fines de extradición de dos de sus hijos. Uno de ellos, Ovidio «El Ratón» Guzmán López, de 29 años, quien hace una semana fue liberado tras una balacera en Culiacán tras un operativo que tenía como objetivo su detención.
El gobierno de Estados Unidos está convencido de que, tras la detención de su padre en 2016 y su posterior extradición, condena y sentencia en Estados Unidos, tanto a «El Ratón» como a su hermano Joaquín «El Güero» Guzmán López, conjuntamente conocidos como «Los Chapitos», se pusieron al mando del Cártel de Sinaloa, junto con Ismael Mayo Zambada, socio de su progenitor.
En el documento de acusación, el gobierno de EU argumenta que «Los Chapitos», entre abril de 2008 y el mismo mes de 2018, cometieron un delito de narcotráfico por la distribución de al menos cinco kilos de cocaína, al menos 500 gramos de metanfetaminas y al menos una tonelada de marihuana, con la intención de importarla ilegalmente a los Estados Unidos.
Según el código penal de la Unión Americana, se enfrentan a un mínimo de 10 años de cárcel y un máximo de cadena perpetua. Si se encontrara que de su actividad criminal ha comportado -como se supone- la muerte o daño corporal de alguien, la sentencia sería de al menos 20 años de prisión.
En la acusación también se informa que, en caso de ser declarados culpables del delito que se les imputa, el gobierno de Estados Unidos tiene la intención de decomisar “toda propiedad constituida o derivada de cualquiera de los beneficios que los acusados obtuvieron directa o indirectamente como resultado” del narcotráfico.
El documento de acusación, introducido en abril de 2018 ante un juez federal del Distrito de Columbia en la capital estadounidense, es poco específico: sólo cuenta con cuatro páginas firmadas por el mexicano-estadounidense Arthur Wyatt, jefe de la división de narcóticos y drogas peligrosas del Departamento de Justicia de Estados Unidos, con poco detalle más allá del registro del delito.
Este miércoles, el abogado de «El Chapo», Jeffrey Lichtman, aparecía por primera vez en televisión para comentar el suceso de hace una semana en Culiacán. “Fue sorprendente, escalofriante y triste a la vez”, dijo al canal Pix11 de Nueva York.
Confirmó que «Los Chapitos» son también sus clientes, y que durante el tiroteo estuvo “preocupado” por ellos.
Curiosamente, el caso está en manos de Rudolph Contreras, el mismo que está encargado del de Lucero Guadalupe Sánchez López «La Chapodiputada», un proceso todavía en curso. Ella dio uno de los testimonios más contundentes contra Guzmán Loera en su juicio en Nueva York.
