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CANCÚN, Q. ROO.- En su disputa legal por acelerar los procesos penales que enfrenta en Quintana Roo, el ex gobernador Roberto Borge Angulo ganó el primer round de una pelea con muchos capítulos todavía por delante.
El Juzgado Primero de Distrito, con sede en Cancún, le otorgó ayer al ex mandatario la protección de la justicia federal para que no se le impida declarar vía electrónica bajo el argumento de que actualmente se encuentra preso en el penal federal de Villa de Ayala, Morelos, de donde resultaría complicado trasladarlo a una audiencia presencial hasta Chetumal.
El 7 de marzo pasado Borge se puso “voluntariamente” a disposición del Juzgado de Despacho del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial de Chetumal para que se iniciarán los procedimientos que existen en su contra e inclusive solicitó ponerle fecha a la audiencia inicial, a través del uso de medios electrónicos, como lo prevé el artículo 51 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
La solicitud le fue negada por el propio órgano jurisdiccional porque en su criterio no se cumplían los requisitos previstos en el artículo 16 constitucional, como el hecho de que la puesta a disposición tiene que venir de la autoridad competente, no a petición del inculpado, además de señalar los inconvenientes del traslado.
Pero ayer la justicia federal le dio la razón al ex mandatario en el juicio de amparo indirecto 401/2019 y le ordenó al juzgado estatal corregir el procedimiento para responder a la solicitud de Borge, salvo que se fundamenten las razones de la imposibilidad legal para declararlo en los procedimientos penales estatales
