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Chetumal.- La Unión de Colonos por la Defensa del Patrimonio Familiar de Nuevo Progreso continúa en la zozobra, pues aguardan que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) federal responda el exhorto emitido por el Congreso estatal, donde se pide que le cobren a la inmobiliaria Tamalcab y no les embarguen a ellos. También buscan que la petición que entregaron al gobierno federal surta efecto. Aunque se acordó suspender los remates de sus predios, mientras no tengan un papel que les garantice que se acabó el problema, no estarán tranquilos.
“El Congreso del Estado ya tomó cartas en el asunto, para pedirle a Hacienda que cobre su deuda directamente al que está evadiendo el fisco, que se llama Tamalcab. En cuanto a los colonos, no le debemos nada a Hacienda y tenemos más de 20 años de tener la posesión pública y pacífica; el Congreso envió el exhorto el 2 y estamos en espera que el SAT conteste”, indicó en entrevista Fernando Casanova Mezeta, líder de los colonos.
Los siguientes pasos serán a partir de la respuesta que les dé el SAT, externó.
“En cuanto al fraude que comete la inmobiliaria Tamalcab contra los vecinos, es claro, es público; se viene anunciado desde hace más de 10 años de mi parte”, afirmó. Y como prueba a sus dichos mostró documentos que acreditan que una persona pagó su casa, y que, pese a ello, de todos modos, su propiedad está incluida en la subasta.
“Hay fraude contra los que pagaron, a la inmobiliaria no le interesa la colonia, solo robarle a la pobre gente de escasos recursos”, reiteró.
Y comentó que, además del exhorto del Congreso estatal, también acudieron a la Ciudad de México para exponerle su problema al presidente de la república y el gobierno federal. Y dicen que no es como Chetumal donde se resuelve todo más rápido. Hay mucha gente con muchas peticiones. Solo esperan que una de las dos alternativas, ya sea el Congreso o la federación logren que el SAT y Hacienda los dejen de acosar.
Dice que tiene entendido que, por el momento, todo lo de la subasta y demás se iba a detener cerca de un mes, pero eso no les da tranquilidad. Lo que realmente buscan es un documento oficial que les garantice que se les dejará de acosar, que sus propiedades no serán subastadas y que quien pague sea la inmobiliaria.
