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Playa del Carmen.- Ante las diferencias irreconciliables entre empresarios de esta ciudad y el director de la concesionaria de parquímetros, y ante la falta de tacto del último, quien con sorna dijo que no venía a convencer a nadie, fracasó el diálogo pactado en la sede de la Canaco esta tarde, y en su lugar, se anunció una movilización mañana desde el parque Lázaro Cárdenas al Palacio Municipal.
Diego Gracidas Martínez, director de Promotora de Reordenamiento Urbano, empresa que obtuvo la concesión para la renta de bicicletas e instalación de parquímetros, durante la administración de Cristina Torres Gómez, acudió esta tarde a la sede del capítulo local de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur), donde escuchó pacientemente los reclamos de los empresarios, pero a la hora de hablar dijo que no se llegaría a ningún acuerdo, lo que fue respondido por gritos y reclamos, al grado que se le expulsó del lugar.
“Jamás entrará, no lo queremos”, aseveró uno de los empresarios, quien dijo tener 25 años de residencia en Playa del Carmen y quien había sido de los más críticos hacia el proyecto.
Luis Hernández Barragán, presidente de la Canaco, señaló que la actitud del concesionario era una falta de respeto, en especial en la casa de los comerciantes, al tiempo que invitó a una manifestación mañana a las 11 de la mañana, desde el parque Lázaro Cárdenas.
Con la entrada en vigor de los parquímetros, a partir de mañana, también abre la oportunidad para ampararse, algo que harán los afiliados a la cámara de forma masiva, anticipó.
Previamente, uno de los socios reclamó que no hubo consulta pública alguna, sino que el cabildo de Cristina Torres Gómez concesionó la vía pública prácticamente en la opacidad, con la excusa de las bicicletas como un “caballo de Troya”.
Sacando cuentas, indicó que los 5 mil 200 espacios, rentados a 10 pesos la hora, equivalen a 624 mil pesos por día, 18 millones por mes y 224 millones de pesos anuales; envidiable botín que fue entregado por la administración anterior íntegramente a la empresa, sin pedir contraprestación alguna, pese a que se utiliza la vía pública, pagada por impuestos.
“Ustedes así arreglan los negocios a nivel municipal, ven cuantos son y les dicen: ‘a ti te tocará tanto, a ti tanto y a ti tanto’, y así todos los regidores levantan la mano”.
También acusó que esta empresa opera en otras ciudades, donde han sido documentados sus abusos, pues se le paga comisión a su personal por cada “araña” colocada, lo que hace que éstos no respeten los tiempos.
El tener que acudir a añadir saldo también genera que las calles se llenen de franeleros para hacer este servicio, lo que se presta para que sean infiltrados por la delincuencia
“Aquí se le ha ganado pleitos a Mitsubishi a Pirelli, a proyectos de 110 millones de dólares”, le advirtió el comerciante a Gracidas Martínez, quien escuchaba estoico.
En su turno de hablar, Luis Hernández Barragán le recordó al auditorio que él, como presidente municipal, le tocó revisar planes de movilidad para la ciudad, con el Colegio de Ingenieros de Cozumel (todavía no existía uno en Solidaridad) y lo que ve es que se pretende ahora imponer un esquema foráneo, ideado para ciudades de gran tamaño, “por causa de esos dizque representantes populares; es injusto”.
También mostró el oficio de la confirmación de la concesión, firmada por Samalia Angulo (entonces edil interina, hoy regidora), como suplente de Cristina Torres Gómez.
En este punto, intervino el ex síndico Juan Carlos Beristain Navarrete, presente en la reunión, quien aclaró que la concesión como tal, así como los ajustes a los reglamentos pertinentes, fue aprobado y firmado por Cristina Torres Gómez, en noviembre de 2017, siendo él el único que no firmó el mismo.
Esto fue rescatado por el líder de la Canaco, pues recordó que, sin la firma del síndico, la concesión carecería de validez, vía legal que acordaron explorar.
Cabe destacar que el Cabildo de Solidaridad aprobó, en noviembre de 2017, el plan de movilidad que incluía la instalación de parquímetros, casi en total hermetismo, pues fuera de la trasmisión en vivo, no se hizo mención alguna de este proyecto, incumpliendo el municipio peticiones de trasparencia sobre el tema. Pasarían dos semanas antes que un regidor aceptara y defendiera esta acción. La concesión para este sistema ocurrió en marzo de 2018, y el Congreso del Estado avaló la concesión en agosto, posterior a las elecciones y cuando el anterior gobierno estaba de salida.
No se efectuó una consulta ciudadana, sino una encuesta, según el regidor de Transporte, aunque la Canaco dijo desconocer este supuesto sondeo.
