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Cancún.- Diversos grupos han solicitado para sí las abandonadas instalaciones del antiguo hospital general, en la Supermanzana 64; sin embargo, el Cabildo de Benito Juárez ya aprobó una propuesta que llevarán ante el Gobierno del Estado, para habilitar una unidad de cuidados intensivos para neonatos, para así poder atender partos y embarazadas.
Maricruz Carrillo Orozco, regidora presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social, indicó que en el antiguo “Jesús Kumate” se instaló esta unidad de cuidados intensivos neonatales, que ni siquiera se pudo estrenar por el cambio de sede, por lo que se trataría de rehabilitar esta estructura.
Saben que el tema es responsabilidad y competencia del estado, por lo que esperan reunirse con el gobernador en los próximos días, para plantear la iniciativa, aclarando que se trata de coadyuvar, no reclamar.
Incluso, la Secretaría del Bienestar alista un programa para rescatar centros de salud y hospitales en situación de abandono o inconcluso, lo que podría ser aprovechado para el antiguo nosocomio.
“Ahora está el lugar ocioso, lo que deprime la economía de la zona. Este abandono genera inseguridad”, comentó la regidora, quien sabe que incluso han ingresado personas a beber o drogarse, destrozando las instalaciones.
NECESARIO
Mensualmente, en el Hospital Genera atienden entre 400 y 600 partos, de los que un alto porcentaje son mujeres jóvenes, de 14 años en adelante.
México lidera en embarazos juveniles, y Quintana Roo está en los primeros lugares del mismo. En la entidad, Benito Juárez y Othón P. Blanco concentran la mayoría de estos casos.
Cuando los embarazos son a edad precoz, “el cuerpo no está listo, lo que genera diversas complicaciones, que deben ser atendidas”.
Actualmente solo el Hospital General y la clínica de ginecopediatría cuentan con cuidados intensivos neonatales, por lo que no se dan abasto y se debe trasladar a pacientes a otros estados.
De contar con este hospital especializado, además de contar con más capacidad, se podría trabajar en la prevención, lo que reduciría el número de complicaciones médicas e incluso de posibles discapacidades, lo que obliga al Estado a erogar más recursos, a la larga.
