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Los dos asesinatos cometidos más recientemente revelan en gran medida la incapacidad e ineficacia de las autoridades federales y locales para frenar esta espiral infernal de violencia, sobre todo cuando funcionarios o políticos locales están involucrados directamente.
El sábado 24 de agosto, en el municipio de Tejupilco (estado de México), apuñalaron al periodista Nevith Conde Jaramillo; encontraron su cuerpo en uno de los cerros de los alrededores de este municipio. Nevith era director del diario en línea El Observatorio del Sur, en el que denunciaba con frecuencia la corrupción de funcionarios locales. Los colegas y allegados del periodista con los que RSF se puso en contacto afirmaron que lo amenazaron de muerte dos veces; una en noviembre de 2018 y otra en junio de 2019, como represalia por la información que había publicado. El reportero había denunciado estas amenazas ante el Mecanismo para la Protección de Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos, pero éste a decir del Mecanismo no había continuado el tramite sin tener más detalles del porque. Los compañeros de Nevith también señalaron que “había fuertes fricciones” con el alcalde de Tejupilco, Anthony Domínguez Vargas.
Por otra parte, Jorge Celestino Ruíz Vázquez, corresponsal del diario Gráfico de Xalapa, fue asesinado el 2 de agosto de 2019 en el municipio de Actopan (estado de Veracruz). El periodista había denunciado que el alcalde de Actopan, José Paulino Domínguez Sánchez, había desviado dinero del municipio. El reportero fue agredido y amenazado varias veces en 2018. Tras denunciarlo a la Fiscalía General de Justicia del Estado, ésta le otorgo medidas de protección temporales, las cuales no fueron cumplidas por la Secretaría de seguridad Pública del Estado. Días antes de que asesinaran al reportero, un mensajero del alcalde fue a las oficinas de Gráfico de Xalapa y ofreció dinero a cambio de que no publicará información comprometedora sobre las actividades del presidente municipal; el diario lo rechazó.
“Los investigadores deben demostrar la mayor imparcialidad, dar prioridad a la hipótesis de que el crimen pudo estar relacionado con su labor profesional e identificar lo antes posible a los responsables de los asesinatos de Jorge Celestino Ruíz Vázquez y Nevith Conde Jaramillo, casos en los que se sospecha que políticos locales estuvieron implicados”, señaló Emmanuel Colombié, director del Despacho América Latina de Reporteros sin Fronteras (RSF). “Frente a esta ola de agresiones y asesinatos, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador debe asumir la gravedad de la situación y emprender acciones contundentes y urgentes a las que se comprometió al llegar a la Presidencia.
Más de 90% de los crímenes cometidos contra periodistas en México permanece en la impunidad, lo que explica el círculo vicioso en el que se encuentra atrapada la prensa mexicana. Ante esta situación, en marzo de 2019 RSF acudió a la Corte Penal Internacional (CPI) para que intervenga en el país por la impunidad en que permanecen los crímenes –asesinatos y desapariciones– cometidos contra periodistas entre 2006 y 2018, bajo los mandatos de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, predecesores de Andrés Manuel López Obrador.
Frente a la inigualable cantidad de asesinatos de periodistas registrados en México en 2019 RSF desea hacer una serie de recomendaciones a las autoridades mexicanas, en particular al presidente, Andrés Manuel López Obrador.
RSF recomienda:
A la Segob:
1) Ofrecer mayor protección a los periodistas:
– Mejorando la eficacia y la reactividad del Mecanismo nacional de protección de periodistas, reforzando sus capacidades humanas y económicas; reflexionando a profundidad sobre su papel en la prevención de los riesgos que corren los periodistas, sobre todo en los estados más peligrosos del país.
– Implementando lo antes posible las recomendaciones del Diagnóstico sobre el funcionamiento del Mecanismo de protección a periodistas de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, presentadas el día 26 de agosto
– Creando una política integral de atención a periodistas víctimas de desplazamiento forzado y a sus familias.
2) Incrementar los recursos de las autoridades para investigar estos crímenes
La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) muy pronto formará parte de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos. En este contexto, es urgente:
– Ampliar las facultades e incrementar los recursos económicos y humanos de la FEADLE.
– Dar a conocer lo antes posible las orientaciones y los lineamientos de la FEADLE en lo que respecta a la investigación de los crímenes cometidos contra periodistas, así como los medios de impugnación de las decisiones de esta fiscalía.
– Alentar a la FEADLE a que haga pleno uso de su facultad de atracción (del ámbito local al federal) de investigaciones de delitos contra libertad de expresión, como lo contempla el artículo 21 del Código Penal. RSF considera que, de manera imperativa, la FEADLE debe atraer los casos de los asesinatos de Jorge Celestino Ruiz, Norma Sarabia Garduza y Francisco Romero, perpetrados en 2019.
– Que se aplique efectivamente el “Protocolo Homologado de Investigación de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión”publicado en octubre de 2018.
– Que la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, de la que dependerá la FEADLE, se acerque lo antes posible a las organizaciones de la sociedad civil, a fin de que trabajen juntas en los nuevos objetivos y desafíos a enfrentar.
México se encuentra en el lugar 144, entre 180 países, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa elaborada por RSF.
* Otros casos, en particular los de los periodistas Samir Flores y Reynaldo López, aún se están investigando. RSF debe confirmar que los asesinatos estuvieron relacionados con su labor periodística.
