noticias
Cancún.- Entre las propuestas que llevará la fracción de Morena al Congreso del Estado, será nuevamente poner un requisito de residencia mínima al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, para que quien ocupe el cargo tenga arraigo en la entidad, declaró Édgar Gasca Arceo, virtual diputado local electo.
En entrevista, el ex candidato del Distrito 1 comentó que una de las principales exigencias ciudadanas en seguridad, donde persiste la sensación que no se avanza, por lo que será ahí donde se enfoquen, revirtiendo el cambio de la legislación anterior, de eliminar la exigencia de residencia para el secretario de Seguridad Pública.
Según explicó, es importante que este secretario conozca la entidad y tenga pertenencia con la misma, algo que no ocurre con el titular actual, Jesús Alberto Capella Ibarra, lo que impide que se avance en algunos aspectos.
Otros puntos serán revocar la “Ley Casitas” y revisar la concesión con Aguakan, a la que acusó de no estar cumpliendo con el contrato.
Sobre los dichos del panista Eduardo Martínez Arcila, de que el congreso no tiene facultad para revisar el tema, comentó que, si hay incumplimiento, les toca a ellos revisarlo, al igual que a los ayuntamientos. Acusó que en Isla Mujeres no hay recibos que muestren que la empresa está pagando lo que corresponde. Tampoco se cuenta con las obras indicadas y ahora se suman acusaciones por contaminación ambiental, en Solidaridad.
Indicó que no se trata de satanizar a una concesión, porque se concesionan hasta carritos de golf, sino que se trata de exigir que se cumpla con lo pactado y si no es así, que se revoque el contrato.
Sobre el fallo de la Sala Regional Xalapa que le otorgó la diputación plurinominal, indicó que desde un inicio Morena había indicado que le correspondía esa curul, pero tanto el Instituto como el Tribunal Electoral de Quintana Roo utilizaron de forma “parcial y tendenciosa” un criterio que no estaba ni en la ley ni en la constitución. Tocó a la Sala Regional reconocer lo que al partido y a él le correspondía por derecho.
En su opinión, la revocación de su dictamen pone en entredicho a estas autoridades, de las que se esperaba que actuaran conforme a derecho, pues la ley además era muy clara y en realidad no daba espacio para la interpretación que tomaron.
