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#LDFChetumal El rechazo a la Ley para la Protección y Bienestar Animal fue ratificado por centenas de criadores de aves de pelea y corridas de toros, mediante manifestación por principales avenidas de Chetumal.
Se plantaron frente al Palacio de Gobierno para exigir al Ejecutivo Estatal impida su promulgación.
Porque afecta a miles de personas al dejarles sin fuentes del empleo y criminalizarles.
La semana pasada la XV Legislatura Local aprobó la Ley para la Protección y Bienestar Animal.
En el Articulo 40 quedaron prohibidas las peleas de gallos y corridas de toros. Quien le desacate será sujeto a proceso judicial.
Socios de las asociaciones de criadores de aves de corral y tauromaquia se manifestaron en contra de la normatividad.
Porque trastoca la economía de miles de familias e inclusive, lesiona sus derechos humanos y cultura.
Con pancartas, cartulinas y gritos recriminaron que la Legislatura Local no les haya considerado en la elaboración de la Ley para la Protección y Bienestar Animal.
El presidente de la Sección Nacional de Criadores de Aves de Combate, Efraín Rábano Echegoyen, anticipó que combatirán la normatividad porque además de atentar contra la subsistencia de quienes dependen de tales actividades, les criminalizara.
Recurrirán al Juicio de Amparo, como hicieron en Veracruz, donde también se restringieron las peleas de gallos y tauromaquia, pero aun se desarrollan por la suspensión provisional, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no se ha pronunciado al respecto.
En el caso de Quintana Roo, la Ley para la Protección y Bienestar Animal causa afectaciones a fuentes de subsistencia de miles de familias.
Solamente en Quintana Roo existen 26 comunidades dedicadas a las peleas de gallos y corridas de toros.
Los clubes se ubican en Cancún, Cozumel, Playa del Carmen, Tulum, José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar, Othón P. Blanco y Calderitas.
Por año se realizan aproximadamente 220 eventos, entre festivos y religiosos, en los cuales las peleas de gallos y corridas de toros son realizados con muchos años de antelación.
Y es que son 30 mil personas que dependen de dichas actividades de manera directa.
Solicitaron al gobernador del Estado, Carlos Joaquín González, anule la promulgación de la Ley para la Protección y Bienestar Animal. (HERLINDO VÁZQUEZ)
