Denuncian a magistrada del Tribunal Superior por corrupción

Cancún, 24 junio
(Quintana Roo Hoy)

La magistrada Verónica Acacio Trujillo, ha sido denunciada por el representante legal de la familia hotelera de origen español, Nicolau, quienes tienen en disputa un hotel en el municipio de Puerto Morelos, debido al fraude del que fueran víctimas y por lo que han tenido que recurrir a los juzgados en busca de justicia.
Pero con lo que se encontraron fue con un despacho que aparentemente trabaja de manera legal y en los márgenes de la legalidad y que no obstante, se trata de un despacho ‘fachada’ que es propiedad de la magistrada, de hecho, se denomina legalmente como “Corporación Jurídica Acacio SC”, desde donde la magistrada cobra fuertes sumas por representar a sus clientes para luego “extorsionarlos” con el poder de su investidura, sacarles millones de dólares y luego venderse con la contra parte a quien cobra cantidades similares.
Salvador Gómez Martínez, apoderado legal de la familia Nicolau y Lino Eduardo Teacalco Flores, accedieron a conceder una entrevista en la que explican la naturaleza del fraude:
Alfredo Romero Pasos es quien dice ser el titular del despacho: Corporación Jurídica Acacio SC y a quien la representación de la familia Nicolau acudió en busca de representación legal; el despacho ha cobrado más de 4 millones de pesos (250 mil dólares aproximadamente) anticipo para hacer las gestiones.

Luego de un mes, llega una licenciada quien se presenta como la titular del despacho, se presentó como Verónica Acacio quien comenzó a dar instrucciones a los empleados; esa tarde salen a tomar un café con Romero Pasos. A la vuelta de dos o tres semanas, Verónica comienza a mandar mensajes de texto para decir que necesita dinero, solicita 1 millón 250 mil dólares porque de lo contrario ya no podría seguir por que ella ya cumplió, a lo que se le respondió que en qué cumplió que desde la perspectiva de ellos no ha cumplido. Le marcan a Alfredo para reunirse y comentarle que esta señora les está exigiendo el pago y la respuesta de Alfredo es que “deben pagarle porque ella es una magistrada y que tiene todo el poder para hacerlo bien o mal”. El contrato se hizo para que el despacho llevara 3 asuntos penales que tienen en la Fiscalía, para lo cual les cobra 1.5 millones de dólares con un anticipo de 250 mil dólares.
De los tres asuntos, en una carpeta de investigación no hay vinculación a proceso y los otros dos son procesos que están en investigación, abiertos y no judicializados, hechos que bien pueden ser atendidos por un abogado o un despacho.
Salvador Gómez pidió las explicaciones debidas a Alfredo Romero que fue el abogado con el cual contactó inicialmente, haciendo la aclaración que el dinero que pagaron, no fue invertido con la intención de hacer las cosas “bien o mal”, sino que se hiciera justicia; le hizo ver a ese abogado que, el hecho de que la señora Acacio Trujillo.
“Alfredo, qué está pasando, la abogada que estuvo el otro día aquí me está llamando me está diciendo todo lo que comenté y me dice, bueno es que ella es la titular del despacho, es una magistrada y ella tiene todo el conocimiento, a lo que dije bueno si ella es magistrada o no es magistrada yo estoy hablando con el despacho y no voy a someterme a una cosa que no se vale, porque primero hay que hacer el trabajo bien o mal porque yo no estoy pidiendo que se hagan bien o mal los juicios, sino que se haga justicia y que tengamos unos abogados que trabajen para que se haga justicia; entonces, yo no puedo entender porque esta persona está exigiendo dinero”.
“Entonces, ahí llegó todo y empezó a amenazarme de muerte, comenzó a llamarme para decirme que estaba en su estado que ella no sabía de qué tamaño podría ser y entonces recurrimos a la autoridad a la Fiscalía Anticorrupción, con el Consejo de la Judicatura y acudiremos ante las instancias que sea necesario”, expresó.
Advirtió que “la señora tiene amenazada a mi gente, a mi familia, a mí mismo, me ha dicho que no sabe si tengo idea de la magnitud del problema en el que me he metido”, detalla el entrevistado.
Existen como evidencias, los mensajes de texto que la magistrada hizo llegar al representante legal de los hoteleros, el número de celular que le pertenece.