noticias
Chetumal.- Al calificar las leyes de transporte como injustas, inmorales y perversas, el presidente de la Unión Nacional de Transportistas Campesinos (Untrac), Salvador Rivera Castañón confió en que la voluntad del Gobierno del Estado está dispuesta para solucionar los problemas de transporte de los campesinos.
El dirigente nacional hoy estuvo afuera del Congreso del Estado quintanarroense, para visitar a los agremiados de Felipe Carrillo Puerto que se mantienen en un plantón para exigir el emplacado de unidades que trabajan hace nueve años.
Al respecto, Rivera Castañón dijo que el tema de transporte no es nuevo, pero es el momento de resolverlo, pues existe voluntad del gobernador Carlos Joaquín González, con quien, dijo, mantiene una comunicación permanente sobre el tema.
Recalcó que los campesinos también tienen derechos y pueden circular en las carreteras del país, a prestar el servicio en el campo, “pero tenemos una ley adversa en el país, porque al circular en tramos federales los campesinos son multados con 44 mil pesos”, reclamó.
Agregó que los campesinos de Estados Unidos utilizan el mismo tipo de transporte que los campesinos del México; allá se les permite circular, pero aquí se les dice que no pueden, porque las carreteras son de altas especificaciones.
En cuanto a la ley de movilidad, dijo que el atraso se debe a que “los de la mafia del poder” no les conviene que los campesinos transporten sus cultivos; pero esto no es nuevo, sino que viene desde la época de los 80.
Reconoció que el gobernador actual escucha a las partes involucradas, pero es la impotencia de los dirigentes la que motiva a los plantones, para que se puedan resolver los problemas; así que estarán así hasta que se les escuche.
“El problema es la presión de los monopolios que han ejercido siempre; tenemos pendientes de las comunidades mayas en Coba, en Tulum, la bronca no es de él, el problema viene de más atrás”, indicó.
El gobernador no se debe dejar de presionar por ninguno de los grupos, por intereses, se debe de actuar conforme a derecho, en las comunidades se puede prestar el servicio, no puede haber grupo que presione a otro.
“Si el sindicato de taxista no me quiere reconocer y luego ellos nos piden que los apoyemos en contra de las plataformas digitales, pues no hay ninguna congruencia”, se quejó.
