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Demanda Artículo 19 separación de ministerial por encañonar a reporteros en Chilpancingo
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CHILPANCINGO Gro. (proceso.com.mx).- La organización defensora de los derechos humanos Artículo 19, exigió al gobernador Héctor Astudillo Flores y al titular de la Fiscalía General del estado (FGE), Jorge de los Santos Barilla, “separar inmediatamente” del cargo público al policía ministerial que encañonó a reporteros la semana pasada durante un operativo realizado en la capital de la entidad encabezado por el director de la corporación, Esteban Maldonado Palacios.
A través de una alerta emitida ayer por la tarde, el organismo demandó a las autoridades estatales, garantizar el ejercicio de la libertad de expresión y evitar que se vuelvan a repetir actos que restrinjan de manera directa e indirecta el ejercicio periodístico.
Incluso, exhortaron al gobierno astudillista a centrar sus esfuerzos en investigar la agresión policial contra comunicadores y sancionar no sólo al elemento ministerial directamente señalado, sino a cualquier otro funcionario que por su acción u omisión haya puesto en riesgo la vida e integridad personal de los reporteros, indica la recomendación.
La alerta de Artículo 19 recuerda que la noche del pasado martes 29 de enero, un policía ministerial de la Fiscalía estatal apuntó su arma contra un grupo de reporteros que documentaban un operativo realizado en el fraccionamiento SUSPEG donde se desató una balacera dejando un saldo de una persona asesinada y varias viviendas cateadas.
El organismo advierte que en México se encuentra regulado el marco de actuación de la policía en el sentido de que debe estar centrada no solo a llevar a cabo todos los actos necesarios para garantizar la integridad y resguardo de indicios y objetos relacionados con la investigación de los delitos sino a proteger los derechos de toda persona para que puedan desarrollarse de forma segura y plena.
“Esta protección incluye los de acceso a la información y libertad de expresión”, indica el comunicado oficial.
No obstante lo anterior, los hechos del presente caso ilustran los riesgos que enfrentan las y los periodistas durante la cobertura de hechos violentos en el estado de Guerrero.
De enero a julio del 2018, Artículo 19 registró 26 agresiones en esta entidad y los hechos analizados exhiben “las malas prácticas que persisten entre los elementos policiales durante el resguardo de las escenas del crimen y la realización de operativos que resultan en agresiones contra la prensa”, indicó.
También, recuerda que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Informe Especial sobre México (2010) documentó numerosos casos de presuntos actos de hostigamiento y violencia contra periodistas que intentaban dar cobertura informativa a las actividades de agentes de la policía o militares y recomendó a México adoptar mecanismos de prevención adecuados para evitar la violencia contra quienes trabajan en medios de comunicación:
“La capacitación de funcionarios públicos, en especial las fuerzas policíacas y de seguridad y si fuere necesario, la adopción de guías de conducta o directrices sobre el respeto de la libertad de expresión”, señala la alerta del organismo.
La agresión cometida hacia los reporteros por parte de un agente ministerial resulta aún más preocupante ante el contexto de violencia contra la prensa en que se encuentra el estado de Guerrero.
“Esta entidad es considerada por los organismos internacionales de derechos humanos como una zona silenciada para la prensa por la gravedad de la violencia aunado a los altos niveles de impunidad que generan el silenciamiento de las y los periodistas”, indica la alerta.
