noticias
Playa del Carmen.- En rueda de prensa, ciudadanos solidarenses que llevan años de lucha contra lo que llaman abusos de hipotecarias e inmobiliarias, solicitaron al presidente de la república que intervenga para evitar que sigan perdiendo sus casas al serle imposible pagar los altos intereses de estos créditos, los que muchas veces se elevan porque estas empresas venden y revenden las deudas a terceros.
“Prácticamente lo que hace la agrupación es apoyar y asesorar en las diligencias; cosa que no son solo aquí en el estado; estamos agarrando fuerza; a mí ya me pasó esta situación en lo personal y fue difícil; por eso yo me uno a esta situación y estoy sin algún fin; estamos tratando de que se solventen todos los problemas de las viviendas”, expresó Edgar Mauricio Punaro de la Cruz, quien fuera funcionario en la administración de Cristina Torres Gómez.
Problemas a los que se enfrentan, dice, son muchos, como en su caso, donde encontró que la vivienda que pagaba presentaba vicios ocultos y que no podía reclamarle a nadie por estos desperfectos porque para entonces “Su Casita”, la empresa que le había vendido, ya no existía.
“¿En un caso así, con quién acudes?”, cuestiona.
Reitera que aunque la deuda cambie de manos, las responsabilidades no, porque nadie se quiere hacer cargo de reparar las fallas estructurales de las viviendas.
“Lo único que quieren hacer es cobrarte, y eso es un calvario. Empiezas a toparte con autoridades corruptas, con abogados que nada más se interesan en ellos mimos. El ciudadano común y corriente queda a merced del escarnio donde cada quién quiere llevar agua para su molino”, acotó.
Además, hay terceros que se involucran y hacen más grande el problema, pues aparecen las cobradoras, y empieza el acoso contra quienes pagan sus viviendas.
El problema, comenta, no es algo exclusivo de Solidaridad, o de Benito Juárez, sino de todo el país.
Comenta que Presidencia de la República les ha invitado a que se acerquen a Condusef, que sería la última instancia. Y que, aunque pueda ser un proceso lento y tardado, tienen que hacerlo. Complementa diciendo que hay mucha gente que no sabe de sus estatus, es decir hay gente que nunca supo que estaba demandado y está a punto de ser lanzada de su propia casa.
Muchas de estas viviendas son rematadas a 40 por ciento por encima de su valor, lo que las vuelve impagables y estas mismas viviendas terminan siendo abandonadas.
“Si son arrojados de su casa, ¿dónde van a vivir? Sus muebles se van a quedar en la calle”, sentenció.
En resumen, lo que piden es la mediación del gobierno federal para que acerque a las cerca de mil 500 familias playenses a Profeco, Infonavit, Protección Civil, Desarrollo Urbano, así como a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (por los bancos involucrados) y al Poder Judicial, para evitar que estas personas sean arrojadas de sus viviendas.
ENGAÑADOS POR LA ADMINISTRACIÓN PASADA
Por su parte, Marciano Toledo Sánchez, quien se ha acercado para apoyarles, dice que la administración pasada los engañó, porque les prometió contratar abogados para apoyarles.
“Esos abogados se dedicaron a atracar a la gente, a pedirle dinero y no solucionar nada; la administración actual dijo que iba a impedir que los sacaran de su casa, pero también es mentira, pues cuando un juez emite sentencia a la autoridad, debe actuar al respecto; han vivido de mentiras, le han dicho mentiras a la gente”, aseguró.
Dice que no hay que esperar a que pase algo grave, como que se caiga un techo encima de alguien o que se incendie una casa, pues los materiales son de pésima calidad.
Muchas viviendas que son nuevas, en dos o tres años empezarán a mostrar problemas, debido a los materiales de baja calidad usados en su construcción, por lo que alertan a ciudadanos de fraccionamientos como Villas del Sol a tener cuidado.
“Hay que estar prevenidos pues incluso si viene un huracán para tener un refugio para las 90 mil familias que viven en Villas del Sol; puede haber un huracán de alta categoría y haber desgracias, y ojalá no pase, pero puede ser peligroso”, sentencia Toledo Sánchez.
Hay que responsabilizar a los constructores y a las autoridades que lo permitieron, concluye.
