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Dirección General de Comunicación
POR INCURRIR EN DIVERSAS OMISIONES E IRREGULARIDADES AL INVESTIGAR AGRESIONES COMETIDAS CONTRA
UN PERIODISTA DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA QUE PROVOCARON SU
DESPLAZAMIENTO FORZADO
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 91/2018
al Gobernador de Baja California Sur y al encargado de la Subprocuraduría Jurídica y de
Asuntos Internacionales en suplencia del Procurador General de la República (PGR), por
incurrir en diversas irregularidades al investigar las agresiones cometidas contra un periodista,
haber omitido salvaguardar su libre ejercicio de la libertad de expresión e incumplir con su
obligación de garantizarle un retorno seguro al ser desplazado forzadamente, ésta última
omisión únicamente atribuible al Gobierno de Baja California Sur.
Este Organismo Nacional acreditó que las autoridades transgredieron los derechos humanos
del periodista de acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia, a la libertad
de expresión, y a no ser víctima de desplazamiento forzado.
El 19 de diciembre de 2016, el 8 de febrero y el 28 de marzo de 2017, personas desconocidas
ingresaron a la vivienda del periodista para incendiar los vehículos que se encontraban en su
interior; en los dos primeros sucesos el fuego ocasionó serios daños a los vehículos y al
inmueble. En el tercer evento los agresores no lograron consumar el incendio debido a la
intervención de los escoltas designados para la protección del comunicador, dándose un
enfrentamiento con armas de fuego, en el que uno de los escoltas perdió la vida.
La Procuraduría Estatal y la PGR iniciaron las investigaciones correspondientes que hasta la
fecha no se han determinado, lo cual ha traído como consecuencia que el periodista no tenga
certeza de la naturaleza de las agresiones y se mantenga ante un riesgo inminente, por lo cual
no ha podido reanudar su actividad periodística a plenitud. Al haber iniciado las
investigaciones, la PGR debe analizar y determinar si ejerce o no la facultad de atracción.
Con motivo del primer atentado, este Organismo Nacional solicitó a la Secretaría de Gobierno
del estado la implementación de medidas cautelares en favor del agraviado y su familia; a
pesar de que la solicitud fue aceptada por la autoridad, ocurrieron agresiones posteriores que
no fueron repelidas por la autoridad local. Aunado a ello, el comunicador manifestó a la CNDH
que no recibió ninguna medida de protección por parte del gobierno local y tampoco fue
contactado para ello, por lo cual el Gobierno del Estado faltó a su deber de garantizar un
ambiente seguro para el periodista.
Después del segundo ataque el periodista fue incorporado al Mecanismo para la Protección
de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, otorgándosele medidas
Ciudad de México, a 17 de enero de 2019
Comunicado de Prensa DGC/020/19
