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Playa del Carmen.- Son un total de 87 ex funcionarios de la pasada administración municipal los que serán citados por la Contraloría del actual Ayuntamiento para que aclaren las diversas irregularidades e inconsistencias halladas durante el proceso de entrega-recepción. Se busca que puedan conciliar con sus sucesores en el cargo. En caso de que esto no sea posible, se procederá a levantar el acta administrativa correspondiente.
En entrevista, Rubén Delfino Almorejo López, contralor municipal, explica cómo ha sido este proceso de entrega recepción y cómo han trabajado de acuerdo a los tiempos que marca la ley.
“Sabemos que el plazo otorgado son 60 días, mismos que causaron controversia, al no saber si eran naturales o hábiles, la Auditoría Superior del estado estableció que eran hábiles, los cuales terminaron el 26 de diciembre, y a partir de entonces iniciamos el periodo de notificación que concluye este 17 de enero”, explicó.
Este personal, debidamente acreditado, se ha encargado de notificar en sus domicilios a los ex funcionarios en Cancún, Tulum, Playa del Carmen e incluso Mérida.
Una vez notificados, los ex burócratas deberán acudir para poder presentar la documentación necesaria que aclare las inconsistencias halladas en las distintas dependencias municipales playenses.
“Deberán presentarse el día que se les cita, a efecto de que establezcan contacto con el servidor público entrante, para que entre ellos determinen los documentos faltantes en la entrega-recepción y entre ellos mismos lleguen a conciliar”, detalla.
Si no se logran acuerdos se levantarán actas administrativas, las cuales quedarán en manos en las Unidades de Inspección y la Sustanciadora.
Por el momento, no puede brindar más detalles por respeto al debido proceso, pero sí externa que detectaron inconsistencias en Tesorería, Oficialía de Partes, Desarrollo Social, entre otras.
Son tres los grupos de notificadores los que acuden a entregar los citatorios, estos se componen de un abogado, un notificado y dos testigos.
Dentro de las inconsistencias hay afectación al erario, vehículos, equipo de cómputo y documentos y oficios.
En caso que no acudan a la comparecencia se entrega el caso a la Unidad de Investigación, concluye Almorejo López.
