noticias
Chetumal.- Luego de que le fuera negada la protección de la justicia federal, al exfuncionario del gobierno borgista e inmiscuido en el saqueo a las arcas públicas, Luis González Flores podría en cualquier momento ser aprehendido y trasladado ante el juez de control que lo requiere por el delito de desempeño irregular en la función pública.
Luis González Flores tío del ex gobernador Félix González Canto y quien durante el sexenio de Roberto Borge Angulo se desempeñó como titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural (SEDARU), ha sido funcionario público municipal y estatal, incluso dirigente partidista protegido por el ex mandatario Miguel Borge Martín.
Fue el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito qué el pasado 23 de diciembre le negó la protección de la justicia federal a este ex funcionario borgista, acusado por el delito de desempeño irregular de la función pública, en agravio de VIP SAESA.
Cabe señalar que Luis González Flores llegó al gobierno estatal de Roberto Borge como el pago de facturas, ya que desde la Secretaría de Gobierno durante 2010 y 2011 apoyó en el proceso interno del PRI al ex mandatario preso den el Estado de Morelos y posteriormente con todo el respaldo del estado colaboró para el triunfo constitucional en julio de 2010.
Por este caso fueron también acusados Erce Barrón, Mario Castro Basto, Gabriel Mendicuti Loría, Mauricio Góngora Escalante, Víctor Loyla, Carlos Acosta Gutiérrez, que forman parte de los 11 acusados en el expediente y/o carpeta de investigación 151/2017.
Los primeros dos han obtenido el amparo de la justicia federal y están fuera del Centro de Readaptación Social (CERESO), mientras que aún bajo proceso –sea encarcelados o con prisión domiciliaria- se encuentran Gabriel Mendicuti Loría, Mauricio Góngora Escalante, Víctor Loyla y Carlos Acosta Gutiérrez.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que encabeza Rosaura Villanueva Arzápalo informó que Luis González Flores no fue beneficiado con la protección de la justicia federal respecto del recurso de revisión que el imputado promovió desde noviembre del 2017, con el argumento de que el delito había prescrito.
Llama la atención que la resolución emitida por el Tribunal Colegiado, da pie para que se solicite la revocación del fallo decretado por un juez federal, que favorece a Mario C.B., extitular de la SINTRA, a quien recientemente le fue concedido el amparo y su libertad posterior.
Aunque Mario Castro informó que el no firmó ninguna documentación por el delito en el que fue implicado, ya que un día antes de que tomara protesta el 5 de abril de 2011, la documentación con la relación contractual y de servicios de VIP SAESA quedó establecida cuando aún era gobernador Félix González Canto.
