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Por Guillermo Miranda
Chetumal.- Luego de exhibir su total desconocimiento del procedimiento para que se declare una Alerta de Género, ante los más de 160 asesinatos de mujeres quintanarroenses ocurridos en 2018, la diputada Eugenia Soler Salazar, presidenta de la comisión de Equidad de Género, señaló que el gran problema es la falta de denuncia ante los casos de violencia contra las féminas.
La solicitud de Alerta de Género fue exigida a las autoridades estatales y federales por parte de los familiares de la señora Santos Roberta y su hija Elisa Yutzal, quienes fueron cruelmente asesinadas hace poco más de tres meses en Carrillo Puerto, asunto que no tuvo tanta relevancia en los medios de comunicación.
Ante ello la legisladora dijo que 3 de cada 10 víctimas de violencia acuden a la Fiscalía General del Estado a la mesa especializada a interponer su denuncia y solo 1 le da seguimiento, las otras 2 en promedio abandonan el proceso, sea por la falta de sensibilidad del personal o servidor público que atiende el llamado de alerta o por lo tardado de las investigaciones, así como el escabroso paso de confrontarse con el victimario.
En entrevista con este medio de comunicación la diputada Eugenia Soler Salazar exhibió su evidente carencia de conocimientos sobre el procedimiento para declarar la “Alerta de Género” para todo el estado de Quintana Roo, al señalar que son los municipios los que tienen que solicitar al gobierno estatal sea quien lo emita.
Consultado personal de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo informaron que la “solicitud” de la alerta la pueden requerir diversas instancias como Organizaciones de la Sociedad Civil (OSCS), Organismos Públicos de Derechos Humanos (OPDH), los mismos gobiernos estatales, entre otros, en total apego a la ley en la materia, la cual establece ciertos requisitos, como que se envié un documento donde se señale la situación de violencia que se vive en determinado territorio, el contexto, y quién o quiénes hacen la solicitud.
Dicha solicitud se hace ante la Secretaría de Gobernación en específico a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM) y no ante el gobierno estatal o municipal como planteó la diputada Eugenia Solís Salazar.
La CONAVIM a través de su secretaria técnica revisa la solicitud y si cumple con los requisitos la admite y procede a convocar un grupo de trabajo que investigará la situaciones de violencia feminicida o de agravio comparado hacia la mujer, emite recomendaciones al gobierno del estado y éste decide si acepta o no las recomendaciones, que en caso de no cumplir se declara de inmediato la “Alerta de Género”.
Hasta el momento en el caso de la brutal golpiza a la cantante Cubana, en donde la propia diputada Eugenia Solís afirmó ante este medio de comunicación la existencia de corrupción en el procedimiento, que hoy tiene en libertad y en calidad de fugitivo al agresor, solo la XV Legislatura ha emitido un exhorto a la Secretaría de Seguridad Pública a fin de que contribuya al esclarecimiento del asunto.
