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Chetumal, Quintana Roo.- Mediante un comunicado los colectivos de las culturas mayas y derechos indígenas rechazan cualquier resultado de la consulta para la construcción del Tren Maya a celebrarse en los próximos días. Entre otras organizaciones, la Red Nacional de Abogadas Indígenas (RAI) expresó su preocupación ante consulta nacional sobre el Tren Maya, la cual busca una votación ciudadana y no una consulta indígena.
No solo ellos, también delegados e integrantes de 43 comunidades mayas de la Península de Yucatán rechazan la construcción del Tren Maya el cual identifican como «un despojo del que han sido objeto sus territorios, a causa de proyectos de desarrollo».
Delegados de las comunidades Kimbilá, Chablekal, Chocholá, Santa Gertrudis Copó, Kanxoc y Homún exigen «a todos los gobiernos a que dejen de tomar decisiones que les afectan sin consultarles, y para notificarles cómo quieren vivir».
A través de un escrito hacen ver que los gobiernos han fallado en proteger el derecho a la libre determinación de las comunidades mayas, a pesar de que este derecho está amparado en el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 7 Bis de la Constitución de Yucatán y los tratados internacionales y declaraciones que en materia de derechos de los pueblos indígenas ha firmado y ratificado el Estado mexicano.
En el documento se lee: «No queremos retroceder 600 años atrás, sabemos usar la tecnología, la ciencia, el arte; todo eso también es un derecho. Por eso sabemos y conocemos que ese derecho a la vida futura como pueblo es un derecho posible. Óiganlo muy bien, nos vamos a regresar a nuestros pueblos, para seguir juntando vientos. Hoy volvemos a exigir nuestro derecho a la libre determinación, porque bien sabemos que el pueblo maya es sujeto de derecho y que la única ley posible, sea una ley que reconozca que tenemos el derecho de hacer nuestras leyes».
Para los integrantes de las comunidades indígenas en México se «está violando el carácter previo de la consulta, que obliga al Estado a incluir la participación de los pueblos desde la fase de diseño de los proyectos que los involucren, con la finalidad de que sean los propios pueblos los que decidan sus prioridades, y estrategias de desarrollo con identidad, incluyendo la posibilidad de, identificar y controlar los posibles efectos negativos que dicho proyecto pudiera ocasionar».
Los delegados le dicen al gobierno de López Obrador y a sus funcionarios: «Óiganlo muy bien, ya revisamos todas las leyes, reglamentos, códigos, planes de desarrollo, decretos, iniciativas, plataformas de los partidos políticos, contratos y pactos. No nos convienen. Todavía lo podemos conversar, pero necesitamos saber toda la verdad. Y cuando decimos toda la verdad, es la información verdadera de esos planes que tienen los gobiernos y los que tienen dinero. Todo lo que quieran hacer en nuestros pueblos y montes, primero nos tienen que decir toda la verdad, para saber si nos conviene o no. Queremos que vengan con su corazón abierto, también para que sepan cómo hemos cuidado nosotros y nosotras las cosas, nosotros sabemos cómo hacerlo».
Las comunidades indígenas del sureste mexicano le piden al gobierno de López Obrador «la cancelación del Catálogo de Comunidades Mayas y los peritajes antropológicos, así como la revisión de los criterios de etnicidad vigente con la consulta y aprobación de las comunidades, tras advertir que no van a esperar a que los gobiernos digan quiénes son mayas y quiénes no».
También «(…) en Homún no queremos que pongan una granja de cochinos junto a los cenotes; en Kimbilá no queremos que hagan lo que se les antoje como el mercado sobre el campo de futbol, lo queremos en otro lado; en Kanxok ya resolvimos unir los ejidos que dividieron; en Copó no queremos un muro como el de la hacienda en medio del pueblo para que vivan adentro los que no son del pueblo; en Chablekal y en Chocholá no queremos que el ejido tome las decisiones sobre los montes y el aire, el sol y el agua, porque es de toda la gente. No les vamos a entregar nuestras mejores semillas y nos defenderemos cada vez que quieran rociar de veneno la tierra. Les notificamos que no estamos contra los espejos para el sol, ni los abanicos-eólicos, pero queremos que haya un eólico en cada pueblo pero que sea para que tengamos corriente limpia los que vivimos en el pueblo».
El documento, firmado por 43 comunidades mayas y el Consejo de la Escuela de Agricultura Ecológica U Yits Ka’an, fue certificado ante notario y es avalado por 18 escritores, académicos e investigadores, entre los que se encuentran Elena Poniatowska, Juan Villoro y el obispo Raúl Vera, quienes afirman haber escuchado la palabra del pueblo maya y suscribir su manifiesto.
Y la voz de las comunidades indígenas es determinante: «no vamos a esperar a que ustedes hagan sus consultas, nosotros sabemos tomar decisiones y sacar acuerdos. Siempre lo hemos hecho».
