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• Aprueba el Cabildo la cancelación del impuesto sobre el uso de tenencia de vehículos que no consuman gasolina; la homologación de los derechos de servicios de cobro del Registro Civil; y, la inclusión del cobro de Derecho de Saneamiento Ambiental
• Destaca el Presidente Municipal, Pedro Joaquín, que este nuevo Derecho se aplicará, únicamente, a los visitantes a la isla, beneficiando a los habitantes de Cozumel
• Con el cobro a visitantes de este nuevo derecho, se impulsarán iniciativas en materia de seguridad pública y protección civil; así como, el saneamiento ambiental, playas públicas y sustentabilidad del destino turístico
• La propuesta del cobro de derecho se promueve en todos los municipios de Quintana Roo y se ha implementado de manera exitosa en Lázaro Cárdenas y Solidaridad, aumenta los ingresos en pro del destino, sin afectar el tráfico de visitantes
• LA Homologación de los derechos de servicios de cobro del Registro Civil acabarán con las discrecionalidades que había en esta dependencia
Cozumel, Quintana Roo, a 14 de noviembre de 2018.- El Cabildo del Ayuntamiento de Cozumel aprobó por mayoría de votos las modificaciones a la Ley de Hacienda del Municipio y al Programa de Inversión Anual 2018, con los cuales se fortalecerá la recaudación de la isla y la orientación del gasto público en beneficio de la población.
Las modificaciones a la Ley de Hacienda municipal, avaladas durante la Sexta Sesión Extraordinaria por los integrantes del Cabildo, incluyen: la derogación del Impuesto sobre el uso de tenencia de vehículos que no consuman gasolina; homologación de los derechos de servicios de cobro del Registro Civil; el incremento del costo por servicios de desmonte, desyerbado y limpieza a lotes baldíos que realiza el personal de Ayuntamiento; así como la inclusión del cobro de Derecho de Saneamiento Ambiental.
Por su parte, el Presidente Municipal, Pedro Joaquín, destacó que el cobro de Derecho, el cual se promueve en todo el estado y es una práctica añeja en todos los destinos turísticos del mundo, no afecta los bolsillos de los ciudadanos, puesto que quienes los pagarán, serán los visitantes que hagan uso de las habitaciones de los centros de hospedaje.
Sostuvo que los recursos recaudados serán manejados con total transparencia y destinados para fortalecer las acciones en materia de seguridad pública y protección civil, así como el saneamiento ambiental, playas públicas y sustentabilidad del destino turístico.
“La seguridad pública es un flagelo social que está impactando de manera negativa en Cozumel, nuestro compromiso es trabajar para regresarle la paz y seguridad social a la población, con este nuevo pago de derecho, contemplamos que más del 50 por ciento de estos recursos serán destinados para acciones en este rubro”, indicó.
En este sentido, detalló que las medidas comprenden: más elementos de seguridad pública, equipamiento, tecnología para sistema de monitoreo, mejores condiciones labores para los policías como capacitación.
Del mismo modo, siguiendo el objetivo por el cual fue creado el Derecho, se fortalecerán los programas de acciones de saneamiento ambiental y playas públicas, donde se buscará poner en marcha proyectos de separación de desechos sólidos, a través de acciones de educación ambiental, patrulla ambiental y rescate de fauna.
Así también, se activará el centro de rehabilitación de especies silvestres y exóticas; se crearán unidades de manejo de vida silvestre, servicios e infraestructura en playas públicas y se implementarán acciones de sustentabilidad del destino, para el mejoramiento de la imagen urbana y/o embellecimiento de las zonas turísticas.
Cabe mencionar, que este Derecho, que se está promoviendo en todos los municipios de Quintana Roo, ya se ha implementado de manera exitosa en Lázaro Cárdenas y Solidaridad, en éste último se han recaudado hasta 170 millones de pesos en su primer año de operación, sin afectación a la ocupación hotelera.
En cuanto a la homologación de los derechos de servicios de cobro del Registro Civil, se brinda mayor seguridad a los usuarios, puesto que se eliminan las tarifas discrecionales que se manejaban en anteriores administraciones, ya que los costos de los trámites no estaban regulados por la Ley.
