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Arturo Mendoza Mociño
Cecilia Jarero y Gerardo Villadelángel intentaron, sin éxito, publicar un suplemento cultural en el diario Milenio de Ciudad de México hacia 2001. Aquellos editores culturales deseaban ponerle a ese necesario espacio periodístico el nombre de “Fardo” para simbolizar, desde el título, uno de los problemas atávicos del país: su larga, compleja y apasionante historia.
Por no hablar de lo apabullante que suele ser mexicano en ciertos momentos de la Patria.
Porque incluso para los profesionales que estudian la historia de México hay pasajes donde las acciones de ciertos hombres o las decisiones que encumbraron o condenaron al exilio o al olvido a otros, no son entendidos a cabalidad en la misma época que sucedieron los hechos sino que tienen que pasar los años, acaso siglos, para revalorizar su verdadero rol histórico.
Hace 50 años, el dos de octubre, la Plaza de la Tres Culturas se colmó de sangre con la muerte de un desconocido, todavía, número de estudiantes. También hace medio siglo, el 12 de octubre, iniciaron los Juegos Olímpicos que el Presidente Gustavo Díaz Ordaz inauguró a pesar de tener las manos manchadas de sangre.
Poco antes del 2 de octubre de este año se desató la «gustavofobia» y se comenzaron a quitar las placas que llevaban el nombre del poblano más odiado del país en el tren subterráneo de Ciudad de México.
Decía Albert Camus que quien olvida el pasado cae en la embriaguez de la tiranía, o peor, en la de la servidumbre. «El pensamiento en rebeldía no puede prescindir de la memoria: es una tensión perpetua», sostenía el autor de la novela “El extranjero”. “Quien olvida, permite; quien permite se deja arrastrar».
Justicia simbólica fue quitar el nombre de Diaz Ordaz de la línea del metro que él inauguró, consideró por esos días el novelista sinaloense Juan José Rodriguez, pero también se trata de un revisionismo similar al de la URSS cuando se borró a Trotsky de todos los sitios oficiales y luego le pasó a Stalin y al final se terminó con el borrachín de Yeltsin.
Es por eso que el autor de “El gran invento del siglo XX” escribió desde su soleado Mazatlán, en un rincón de Olas altas: “El líder estudiantil que estaba hablando esa noche del 2 de octubre de 1968 y fue maniatado y encarcelado fue Florencio Lopez Osuna, tío directo de mi mujer, quien murió en los años 90 en situación sospechosa, luego de que el diario “The New York Times” sacó su foto inédita, semidesnudo junto a un halcón: esa sola foto era una evidencia, ya que él aparece vapuleado al lado un hombre con un solo guante en la mano, muy tranquilo el represor. Mis suegros y él pasaron momentos muy difíciles. Pero a mi hijo le salvaron la vida en el excelente hospital infantil Gustavo Díaz Ordaz de Guadalajara hace cinco años. Una reconstrucción craneal completa después de largas horas de cirugía. Mi hijo tiene mucho de mí, pero a veces bajo cierta luz y cuando se pone pensativo, veo en él el rostro del líder sinaloense Florencio López Osuna. Ni perdón ni olvido, yo de acuerdo más que nadie. Pero lo mejor para el país, la sociedad y su memoria, será siempre una verdadera justicia sin adjetivos. La justicia simbólica correrá siempre el riesgo de ser pasajera y acabar en solo eso”.
El retiro de las placas con el nombre de Díaz Ordaz no representan un juicio histórico porque el verdadero responsable de aquellos hechos sigue libre. Juan Veledíaz, en su libro “Jinetes de Tlatelolco”, reconstruye cómo se vivió al interior del Ejército, liderado por Marcelino García Barragán, la conspiración de Luis Echeverría Álvarez para matar a los estudiantes de Tlatelolco.
Es por ello que el crítico literario Christopher Domínguez Michael, en el artículo “Regalo envenenado”, publicado precisamente el pasado 12 de octubre, revaloró estos hechos y consideró que no sólo las víctimas del 2 de octubre y sus descendientes, sino las del 10 de junio, están en su derecho de pedir se retire también de las calles el nombre de Luis Echeverría Alvares.
¿Por qué? El autor de la biografía de Fray Servando y del libro de ensayos “Tiros en el concierto” lo sintetiza de la siguiente manera: “El problema es que el nuevo gobierno federal, como el de la Ciudad de México, parecer ser cripto o mega echeverristas —ya lo veremos— y habrían de renunciar a ese endiosado linaje anterior a la época neoliberal que aborrence, midiendo con la misma manera a ambos gobernantes. Echeverría —se olvida— fue sometido a arresto domiciliario en 2006 sospechoso de genocidio aun cuando fue exonerado. Es un misterio qué pasará. Pero el tema de la memoria histórica, y judicialización al gusto del gobernante en turno, apasiona a los historiadores y preocupa a los gobiernos democráticos”.
Los memoriosos, esos incómodos, no le tienen miedo al fardo de nuestra historia nacional, con tantos sucesos y personajes de valía que hay en todos hechos que han conformado este país llamado México. Al contrario, sean historiadores, periodistas, maestros, ciudadanos, ellos avalan las palabras de Albert Camus: “Quien olvida, permite; quien permite se deja arrastrar».
Hace poco Mara Lezama, alcaldesa de Cancún, propuso cambiarle el nombre al municipio de Benito Juárez. No era propuesta nueva la suya porque ya se había intentado hacerlo en la administración que gobernó del 2008 al 2011. Pero ese error político quedó resuelto cuando el jueves 11 de octubre Andrés Manuel López Obrador, en el Parque de las Palapas, coreó tres veces el nombre de Benito Juárez.
Aquella tarde, el fardo de la historia cayó tres veces sobre Lezama, a quien urge que le regalen la novela que sobre el prócer oaxaqueño escribió el escritor regiomontano Eduardo Antonio Parra porque allí está la razón por la que los fundadores de Cancún decidieron usar el nombre del Benemérito de las Américas para una ciudad de trazo masónico, con no pocas células masónicas activas, influyentes y, afortunadamente, memoriosas.
