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AGENCIA SIM
Chetumal.- Directivos de la empresa de transporte Uber acudieron al Congreso del Estado para pedir, tanto al poder legislativo como al gobernador, que detengan las reformas planeadas a la Ley de Movilidad, pues favorecen a los taxistas y perjudican a la empresa y a los ciudadanos.
Federico Ranero, director general para México y el Caribe de Uber, acudió a la sede del Poder Legislativo en la capital del estado para pronunciarse respecto a las modificaciones a la ley, pues no quieren ser tratados como un servicio de transporte público, tal como se plantea en las reformas.
En entrevista, recordó que Uber inició operaciones en Cancún en septiembre de 2016, “con la finalidad de dar más opciones tanto de transporte como de emprendimiento para resolver los problemas de movilidad”. Recalca el directivo que las cifras indican que fueron un éxito.
“Más de 130 mil personas viajaron con nosotros y más de cinco mil familias aprovecharon la oportunidad para generar ganancias. Después de 15 meses tomamos la difícil decisión de pausar, pero con un solo objetivo: trabajar con las autoridades para lograr una regulación incluyente con las empresas de redes de transporte”, detalló.
El directivo reconoció que el esfuerzo y la buena voluntad del Gobierno del Estado se materializó con la publicación de la Ley de Movilidad, ya que incluyó a las empresas de redes de transporte y a los socios; sin embargo, temen por los cambios planteados.
“Parece que esta presión de algunos grupos de poder pesa más que la propia voz de la ciudadanía que pide un transporte seguro y eficiente, pues se dará marcha atrás a lo que ya se había avanzado; me refiero a que mañana martes se discutirán en el Congreso estas modificaciones”, afirmó.
Cabe destacar que la XV Legislatura convocó a un periodo extraordinario de sesiones para votar, mañana, una reforma a la Ley de Movilidad acordada entre el Poder Ejecutivo y los sindicatos de taxistas de la entidad, para quitarle la caducidad de 20 años asignadas a las concesiones y para indicar que las plataformas digitales de transporte sólo pueden operar con concesiones, en lugar de permisos como lo marca la ley actual.
NO SON SERVICIO PÚBLICO, ASEGURA
Federico Ranero reiteró los pronunciamientos que ha dado la Comisión Federal de Competencia (Cofece) sobre el tema. Es decir, que, por definición, las empresas de redes de transporte no deben considerarse como servicio público de transporte y que no se debería sujetar a los socios a trámites tales como concesiones por vehículo y conductos.
Federico Ranero reitera que defienden sus intereses, que son los de quienes buscan una opción de autoempleo, de quienes buscan un mejor servicio de transporte y que incluso quieren pagarlo en efectivo, pues muchas personas ni siquiera cuentan con una tarjeta bancaria, así como de los turistas nacionales y extranjeros que piden Uber en el destino.
“Por eso pedimos al gobernador que escuche a sus ciudadanos y no le demos la espalda a la tecnología. Queremos ser socios de Quintana Roo por mucho tiempo”, concluyó.
