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Cozumel.- Unos 35 exservidores públicos de la pasada administración, de las Secretarías de Desarrollo Agropecuario y Rural (Sedaru) y Finanzas y Planeación (Sefiplan, podrían ser demandados por la vía penal, derivado de las anomalías detectadas en la cuenta pública de 2016 por la Auditoría Superior de la Estado.
Gabriela Angulo Sauri, diputada local y secretaria de la Comisión de Hacienda, informó que hoy comenzó la revisión de las cuentas públicas, con base en los reportes de la Auditoría, encontrando presuntas anomalías que tienen que aclararse o, en caso contrario, resarcirse.
La panista recordó que, en el caso de la Sedaru, el faltante a investigar es de mil 853 millones de pesos, por un desfalco a campesinos ya que ellos facilitaron sus firmas para créditos rurales que nunca recibieron.
Por su parte, la Sefiplan no comprobó gastos por 574 millones de pesos.
Subrayó que las presuntas anomalías en Sedaru y Sefiplan corresponden a la administración de Roberto Borge Angulo e involucran a 35 exservidores públicos
Indicó que faltan por revisar 81 cuentas en todo el estado, tanto de jurisdicción estatal como de los 11 ayuntamientos.
