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Hasta hace poco, relativamente poco tiempo, nadie conocía acerca del “Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas” una serie de programas y fondos que operaba la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sin que ninguna ley que lo regulara y sin reglas de operación para funcionar.
Decenas de miles de millones de pesos se gastaban a discreción y por órdenes del Presidente cada año.
Bajo un criterio personalísimo, el Presidente decidía cuánto dinero gastar a través de estos programas, quién recibe las trasferencias, por qué las recibe, cuánto recibe y cuándo las recibe. Lo que muchos analistas han señalado como la arma para torcer voluntades de los gobernadores.
Desde hace un mes la organización “México Evalúa” ha realizado una investigación en dónde ha encontrado que existen por lo menos tres fondos en este ramo que no tienen reglas claras y no cuentan con criterios establecidos para entender cómo se asignan los subsidios a los estados.
México Evalúa es claro en su diagnóstico: “En los últimos dos sexenios, el gobierno federal ha utilizado los recursos del ramo 23 para premiar, castigar o cooptar a las administraciones estatales”.
Los recursos públicos del ramo 23 han variado de 2009 a 2017 en función de “la simpatía” entre el partido político en el Gobierno federal y el de los gobiernos estatales, afirma el estudio de la investigación. Así, Hacienda ha transferido sin contrapeso más de 375 mil millones de pesos a estados de 2009 a 2017 a través de tres programas de subsidios (Fondo para el Fortalecimiento Financiero, Programas Regionales y Contingencias Económicas) del Ramo 23 sin ley que lo regule.
El informe llamado “Arquitectura del Ramo 23” explica que existe un “patrón en el que las decisiones de gasto público son tomadas dentro de una arquitectura institucional discrecional que, en lugar de promover buenos resultados, ha contribuido a diluir la calidad del gasto público”, lo cual convierte a la aprobación presupuestaria “en un simulación”.
Mariana Campos, investigadora de México Evalúa, determinó que “es muy delicado” que la Secretaría de Hacienda sea quien decida estas transferencias y el Congreso de la Unión no funja como contrapeso. “Es toda una arquitectura para gastar así, no es un accidente”, afirmó.
La organización encontró que las transferencias han favorecido a gobernadores pertenecientes al mismo partido que el Ejecutivo Federal, situación que se observó tanto en la última administración panista como en la actual priista, así como han perjudicado a gobiernos emanados de partidos distintos al del gobierno federal.
Por ejemplo, cuando el PAN (con Felipe Calderón como presidente) estaba en el gobierno federal, Nuevo León (PRI) en 2011 no recibió nada de estos recursos del ramo 23, pero en 2015, ya con el PRI en el Ejecutivo y previo a elecciones, obtuvo casi el doble del promedio nacional de este ramo.
En Veracruz, cuando Calderón gobernaba el país, de 2010 a 2012 recibió cero pesos. Sin embargo, en 2015 con Peña Nieto obtuvo 4 mil 129 millones de pesos y, en 2017 con el PAN de regreso a la entidad, sus transferencias bajaron.
En Quintana Roo, durante el gobierno de Roberto Borge, en el año 2016, la entidad recibió 2 mil 080 millones de pesos del ramo 23. Pero en 2017, cuando arribó el PAN al gobierno local, la cifra bajó a 956 millones.
