Perla Uicab
Por investigación de Benito Jiménez, REFORMA
Cd. de México, México (08 diciembre 2017).- Raúl Fernández León, representante de la Comisión Nacional e Internacional de Organizaciones y Confederaciones de Derechos Humanos A.C., denunció amenazas de muerte, además de permitir la tortura a personas detenidas durante gestión de Roberto Borge, por lo que pidió al Congreso de Quintana Roo un juicio político en contra de Harley Sosa Guillén, Ombudsman en la entidad.
. «Permitió la tortura, permitió que el ex Gobernador Borge a través de sus instancias de seguridad pisotearan los derechos humanos, existen los casos y están presentados ante el Congreso del Estado», denunció ante el Congreso.
Ahora, Fernández León denunció ante la Fiscalía de Quintana Roo a Sosa Guillén por amenazarlo de muerte.
«Comparezco ante esta representación social con la finalidad de presentar formal denuncia por un hecho que la ley señala como Delito de Amenazas, cometido en mi agravio en contra de Harley Sosa Guillén y/o quien resulte partícipe en su comisión», manifestó.
«Con relación a los hechos manifiesto que al encontrarme en la oficina comencé a recibir llamadas a partir de las 14:32 horas del número 9985771504, posteriormente dos llamadas más del mismo número y otra del 9982144763 (…) por lo que decido tomar una llamada del 9985771504 grabando el audio con amenazas hacia mi persona».
Fernández avaló así también la denuncia hecha en el Congreso en contra de Sosa Guillén, de quien también busca sea reemplazado, y demandó al Gobernador Carlos Joaquín actué en el asunto.
De la misma manera solicitó al Congreso del Estado no revalide e inhabilitarlo para ocupar algún otro cargo público.
Aprueban cárceles ‘de panzazo’
Harley Sosa Guillén, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos las cárceles del Estado están en una calificación de 6.04.
Las prisiones obtuvieron ese promedio general en una escala del 1 al 10, en el Diagnóstico de Supervisión Penitenciaria 2017, después de analizar aspectos como los autogobiernos, condiciones de infraestructura, sobrepoblación, capacitación para la reinserción social y la separación entre sentenciados y procesados.
El Cereso de Chetumal obtuvo una calificación de 6.23; el de Benito Juárez (Cancún), 5.51; Cozumel, 7.24; el Centro de Retención Municipal (CRM) de Playa del Carmen, 6.40, y el penal de Felipe Carrillo Puerto, con 4.84.
Sosa presumió que el promedio general registró un ascenso en comparación con el año anterior, cuando fue de 5.25.
Aceptó que el penal de Cancún presenta la mayor problemática en materia de derechos humanos, condiciones de infraestructura y sobrepoblación.
