newsChetumal, Quintana Roo. – En la comparecencia del arquitecto Carlos Ríos Castellanos, titular de SEDETUS, las diputadas y diputados de la XV Legislatura, expresaron su total disposición para emprender las acciones legislativas necesarias para ampliar las reservas territoriales para satisfacer la demanda de vivienda, poner orden a la situación de los asentamientos irregulares, así como para garantizar a los quintanarroenses el acceso a una vivienda digna.
Ante los diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano y Asuntos Metropolitanos, que preside el diputado Juan Carlos Pereyra Escudero, el titular de SEDETUS expuso que una de las principales prioridades del gobernador Carlos Joaquín González es la regularización del suelo, para lo cual se han emprendido acciones para brindar certeza jurídica a propietarios de lotes, regularizando 669 lotes en Othón P. Blanco, 268 en Cozumel, 588 en Felipe Carrillo Puerto, 239 en Puerto Morelos, 5 mil 590 en Benito Juárez, para un total de 7 mil 354 lotes.
El funcionario agregó que anteriormente no existía la costumbre de entregar lotes con servicios, “se entregaban los lotes y de manera gradual se les integraba los servicios. El compromiso ahora es entregarlos ya con servicios para que las personas vivan con dignidad”, agregó.
Ríos Castellanos mencionó que es en la zona norte de la entidad donde se ha detectado una mayor necesidad de vivienda, de hecho existe necesidad en todo el estado aunque en diferentes proporciones. Por esta razón, el secretario consideró que a través del apoyo en subsidios y con las acciones legislativas que permitan facilitar el otorgamiento de estos subsidios, se podrá generar una sinergia para acceder a programas sociales de subsidio a la vivienda.
El diputado Eduardo Martínez Arcila consideró que la situación de los asentamientos irregulares no se va a detener, sobre todo ahora que se registrarán movilizaciones de personas afectadas por los recientes desastres naturales hacia la zona norte de la entidad, por lo que se pronunció porque el estado desarrolle una estrategia, que desde luego apoyará el Legislativo, para garantizar dicha demanda de vivienda.
El presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Asuntos Metropolitanos Juan Carlos Pereyra Escudero, informó que se está trabajando en reformas a diversos ordenamientos donde se establezcan criterios que permitan acabar con los fraccionamientos de viviendas pequeñas, para ofrecer espacios dignos para las familias quintanarroenses, con áreas verdes, parques y banquetas adecuadas para discapacitados.
Las diputadas Laura Beristain Navarrete y Jenni Juárez Trujillo, cuestionaron al funcionario sobre la situación actual de la colonia Luis Donaldo Colosio en Playa del Carmen, a lo cual Ríos Castellanos respondió que se espera que antes de que concluya 2018 se puedan regularizar la totalidad de la parte residencial de dicho asentamiento.
Respecto a las acciones para garantizar el acceso a las playas, señaló que han existido problemas con particulares pero con la nueva legislación se van a garantizar estos accesos.
A pregunta del diputado Juan Ortiz Vallejo, sobre la entrega de terrenos en zonas inundables, el titular de SEDETUS expresó que es una preocupación que comparte el gobernador del Estado, pues anteriormente se entregaron terrenos en áreas no adecuadas Ahora, la Secretaría trabaja con los atlas de riesgo para tener cuidados específicos en esas zonas.
El diputado Fernando Zelaya Espinoza, se pronunció por generar las estrategias de reservas territoriales cercanas a las poblaciones, para no encarecer el otorgamiento de los servicios a los nuevos asentamientos.
En lo que respecta a la comparecencia del biólogo Alfredo Arellano Guillermo, secretario de Ecología y Medio Ambiente, ante la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático que preside la diputada Santy Montemayor Castillo, el funcionario expuso que Quintana Roo cuenta con 14 áreas protegidas que abarcan 312 mil hectáreas, las cuales permiten combinar el desarrollo sustentable con el crecimiento de la población.
Informó que se está trabajando en la actualización de los programas de ordenamiento ecológico local en todos los municipios, en los cuales existen avances que van desde el 10% hasta el 90%.
La diputada Santy Montemayor pidió la opinión de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente respecto a la propuesta de crear un área natural protegida en la zona de Bacalar, la cual ha generado polémica entre los ejidatarios.
Sobre el tema, Arellano Guillermo explicó que la SEMA empezó a trabajar en una propuesta para crear un área protegida en la Laguna de Bacalar y sus alrededores. Para ello se empezó a trabajar con un grupo consultor para elaborar una primera propuesta, recabando información y realizando una consulta pública con los ejidos involucrados.
“La postura ha sido coincidente en cuidar el recurso natural y crecer con sustentabilidad. En donde ha habido inconformidad es en el modelo de área natural protegida. Estamos avanzando con el ordenamiento ecológico del municipio de Bacalar. El error es que hay quienes piensan que en las áreas protegidas no se puede hacer nada, cuando se pueden realizar actividades recreativas. Otro error es que se le va a expropiar la tierra a los ejidatarios pero tampoco es cierto, porque sólo se regularán las actividades para no agotar el recurso natural”, detalló.
Finalmente, la diputada Laura Beristain Navarrete solicitó al secretario de Ecología y Medio Ambiente que exponga cuáles son las acciones que se han emprendido para proteger los mantos acuíferos que Quintana Roo comparte con los estados de la Península de Yucatán.
En este sentido, el titular de la SEMA dijo que se está trabajando para obtener recursos para invertir en el tratamiento de lodos que manejan las pipas de aguas negras. Mucha gente recurre a estas opciones, que antes no estaban regularizadas, debido a la falta de sistemas de drenaje, “en algunos casos no pueden recibir sus cargas y en el estado no hay sitios especializados para recibir estos lodos y seguramente las descargan en sitios clandestinos.”
Además, dijo que se está trabajando con la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado y las organizaciones no gubernamentales de la zona norte, para establecer un reglamento de uso de cenotes y cuevas para uso recreativo, con la finalidad de evitar la contaminación de las aguas subterráneas.
