Los 84 exfuncionarios denunciados ante la Fiscalía General del Estado por la Auditoría por el quebranto de 11 mil 800 millones de pesos, es apenas el primer paso de las investigaciones que se llevan por la vía penal.
A todo esto se le atribuirá todos aquellos otros servidores públicos que, aunque no configuraron una conducta delictiva, sí cometieron faltas administrativas y que serán llevados a un proceso resarcitorio e inhabilitado.
El propósito será lograr que “regresen lo que se robaron”.
Así lo prometió Emiliano Ramos Hernández, diputado presidente de la Comisión de Hacienda, que explicó, “No hemos revisado las cuentas que entregó la Auditoría, pero ahí se encuentran irregularidades que, si bien no se tipifican por la vía penal, sí califican a un proceso administrativo”, detalló el legislador.
Sobre la solicitud de autorización para adquirir un crédito de 20 millones de pesos, hecho por el Ayuntamiento de Puerto Morelos, señaló que es algo que “llama la atención”, pero no se atreve a juzgar, por lo que se le pedirá a la presidenta municipal, Laura Fernández Piña, que acuda a sesión pública al Poder Legislativo para que explique sus motivos.
“Tuvimos dos gobiernos que de manera irresponsable nos endeudaron, por eso este tema nos pone a todos con los pelos de punta, pero hay que escucharla”, añadió.
Por otro lado, Emiliano Ramos defendió el reciente nombramiento de Manuel Palacios como Auditor Superior, en contra de las críticas hechas por el Colegio de Contadores.
“Él nunca había estado al frente de la Auditoría, él era un auditor como muchos más, pero con él en la cabeza, por primera vez en la historia tenemos 84 funcionarios denunciados y 150 cajas con pruebas”.