Perla UicabEn febrero de 2014, México aprobó una reforma constitucional que establecía que la Procuraduría General de la República (PGR) se transformaría en la Fiscalía General de la República. Esta renovación institucional venia acompañada del nombramiento de un fiscal general que permanecería nueve años en el cargo.
El artículo Décimo Sexto transitorio de ese ordenamiento legal establece que quien sea el procurador en funciones de México, se convertirá en el primer fiscal general de ese país. Y este termina siendo un pase directo para Raúl Cervantes Andrade.
Ante esta situación diversas organizaciones no gubernamentales (ONG) se han pronunciado en contra de esa designación porque estiman que Raúl Cervantes «no es apto para el cargo por su pasado partidista», ya que es miembro activo del partido.
En noviembre de 2016, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Acción Nacional (PAN) presentaron iniciativas conjuntas para evitar que Raúl Cervantes se convierta en el primer fiscal general de México. Los senadores del PRD consideran que su designación «no otorga certeza ni transparencia» para legislar el país, por lo que representa una «falla constitucional» en el ejercicio democrático de México.
Por su parte, los representantes del PAN aseguraron que quien ocupe la Fiscalía General de la República «debe ser» una persona que «no tenga filias ni fobias partidistas» y «logre generar una percepción de confianza a la ciudadanía a efecto de erradicar la impunidad de la clase política»
La organización civil México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) hizo una petición en el portal Change.org para evitar que Cervantes se convierta en el próximo fiscal general del país porque «México requiere de una Fiscalía General #SinCuotasNiCuates que goce de legitimidad y autonomía frente al poder legislativo y ejecutivo». Hasta el momento, el documento ha sido firmado por 6.436 simpatizantes.
Ante la presión Enrique Peña Nieto enviara al Senado mexicano una iniciativa presidencial para reformar el procedimiento. Así, una vez que los legisladores declaren la autonomía de la Fiscalía, ese órgano legislativo deberá iniciar el proceso de selección del nuevo fiscal general de México.
El 1 de septiembre, el Senado de México inició el nuevo periodo de sesiones legislativas con la prioridad de decidir el nombramiento de un fiscal general, pero hasta hoy, la designación de ese procurador se encuentra pausada por una gran controversia.
