Perla UicabCiudad de México, (Articulo 19).- En México se agrede a un periodista cada 15.7 horas. Durante el primer semestre de 2017 (enero – junio) se registraron 1.5 agresiones diarias y se documentaron un total de 276, incluyendo 6 periodistas asesinados y 1 más desaparecido. Estas cifras representan un incremento del 23% respecto a las registradas durante el primer semestre del 2016 (218)[1].
Se presume que el 50.7% de las agresiones fue cometido por funcionarios públicos (140 de 276). Lo anterior es un reflejo de la impunidad y de la falta de autonomía en la procuración de justicia que, finalmente, se convierte en un aliciente para seguir violentando a la prensa.
En este periodo, ARTICLE 19 identificó tendencias que permiten reconocer que en México la violencia contra la prensa se agudiza en diversas regiones, y que se acentúa de manera importante en los periodos previos a las elecciones federales de 2018 y posteriores a las celebradas este año. Tal es el caso de estados del norte del país como Coahuila, Tamaulipas, Baja California, Baja California Sur y Chihuahua, en donde han aumentado las agresiones de manera considerable con respecto a años anteriores.
Particularmente llama la atención el caso de Coahuila, –estado sujeto a un proceso electoral complejo en el período que se analiza– pues reflejó un incremento de agresiones del 325%. Esta entidad ahora ocupa el tercer lugar con más agresiones contra la prensa, tan sólo por debajo de la Ciudad de México y Veracruz (ambos con 28 agresiones registradas).
En el primer semestre de 2016 se documentaron 8 agresiones en Coahuila, es decir, menos de una tercera parte de los casos registrados este semestre (26). Cabe resaltar que las y los periodistas coahuilenses se enfrentaron a dos contextos de riesgo en la primera mitad de 2017: la cobertura de las protestas por el aumento del precio de la gasolina (enero) y las elecciones estatales (junio).
Es importante destacar que durante este periodo se documentaron un total de 35 agresiones en el contexto de protesta; particularmente en Monclova, Coahuila, y Playas de Rosarito, Baja California, en donde se realizaron diversas movilizaciones en contra del aumento del precio de la gasolina. La violencia ejercida principalmente por autoridades hacia integrantes de la prensa dejó un saldo de 8 agresiones en Monclova y 13 en Playas de Rosarito, los días 5 y 7 de enero, respectivamente.
Además, después de la activación de la Red #RompeElMiedo durante el proceso electoral en Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz, ARTICLE 19 documentó 37 agresiones, 19 el día de las elecciones. Coahuila y Estado de México concentraron la mayoría de estas agresiones, con 15 y 13, respectivamente. En su mayoría las agresiones fueron cometidas por funcionarios públicos (14) e integrantes de partidos políticos (14), de acuerdo con el testimonio de las víctimas. También se identificó que 11 fueron cometidas por integrantes o simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), 2 del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y 1 del Partido Acción Nacional (PAN).
De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “los procesos electorales están íntimamente vinculados a la libertad de expresión e información, ya que para que los ciudadanos puedan llevar adelante sus decisiones en el momento de votar es indispensable que cuenten con la mayor cantidad de información posible. Para esto, es crucial que los hechos, las ideas y las opiniones circulen libremente. Sin lugar a dudas, el modo más común que tienen los ciudadanos de informarse en la actualidad es a través de los medios de comunicación de masas”. Sin embargo, en México la tendencia muestra que en contexto electoral las agresiones provenientes de integrantes o simpatizantes de partidos políticos aumentan, con una intención clara de reducir esos flujos de información que puedan derivar en el veto ciudadano o la exigencia de rendición de cuentas.
Como se ha señalado en numerosas ocasiones, la falta de garantías democráticas en México provoca que la cobertura en contextos de protesta y electorales se convierta en un riesgo para las y los periodistas. Las elecciones y la protesta son ejercicios básicos y fundamentales dentro de una democracia y su cobertura se considera un discurso especialmente protegido. De esta manera, el aumento de agresiones en este contexto refleja las fallas institucionales de fondo en un país que se encuentra lejos de consolidarse como una democracia. Asimismo, corrobora la intencionalidad de los perpetradores de restringir el flujo efectivo de información de interés público.
También se han identificado focos rojos en municipios pequeños donde la violencia, resultante de la falta de instituciones sólidas y la presencia del crimen organizado, lleva a que la prensa sea un blanco fácil. Es la situación de San Martín Texmelucan, Puebla; Lázaro Cárdenas, Michoacán y; Tecomán, Colima.
De las 20 agresiones documentadas en el estado de Puebla, 9 se concentraron en el municipio de San Martín Texmelucan, ubicado en la zona del “triángulo rojo” del estado, en donde la cobertura del robo de combustible por parte de los llamados “huachicoleros” ha llevado a que la prensa sea constantemente agredida.
De las 6 agresiones registradas en Michoacán, 3 se registraron en el municipio de Lázaro Cárdenas: 1 amenaza, 1 caso de acoso y hostigamiento, y el desplazamiento forzado de un periodista debido al alto riesgo al que se enfrentaba. Adicionalmente, se documentaron casos graves en el estado, como 1 ataque físico en el municipio de La Piedad y la desaparición del periodista Salvador Adame, en el municipio de Múgica.
En Tecomán, Colima, uno de los municipios más violentos del país, se concentraron las 3 agresiones documentadas en todo el estado, incluyendo 2 amenazas de muerte y 1 ataque físico.
Tipología de las agresiones
En un país plagado por la violencia, las amenazas o actos de intimidación son suficientes para generar miedo y, por lo tanto, forzar el silencio en la prensa.
Las agresiones más constantes de enero a junio de 2017 son actos de intimidación (67), amenazas (60) y ataques físicos o materiales (56). Destaca que de las amenazas documentadas, 19 fueron de muerte, 9 de daño físico y 3 de ellas realizadas con armas de fuego o explosivos. También se registraron 4 actos de intimidación con armas de fuego.
Respecto a las agresiones físicas, se registraron 43 lesiones con las manos u otras partes del cuerpo; 37 de las cuales fueron presuntamente cometidas por funcionarios públicos o integrantes de partidos políticos. Además se registraron 2 atropellamientos a periodistas.
A su vez, se registraron 9 allanamientos: 2 a oficinas de medios de comunicación y 6 a domicilios de periodistas. Nuevamente, la Ciudad de México encabeza la lista de allanamientos, con el 44% de los casos.
Las privaciones de la libertad son una constante, se registraron 11 retenciones ilegales y 17 detenciones arbitrarias. Destaca el caso de Rubén Pat, director del semanario Playa News, quien fue detenido arbitrariamente, amenazado y torturado por policías municipales de Solidaridad, Quintana Roo.
La censura extrema: asesinatos, desaparición y desplazamiento forzado
En los primeros seis meses del año, la y los periodistas Cecilio Pineda, Ricardo Monlui,Miroslava Breach, Maximino Rodríguez, Javier Valdez y Jonathan Rodríguez, fueron asesinados con armas de fuego y a plena luz del día. La impunidad es evidente, se puede matar a un periodista sin ser identificado ni enfrentar un proceso de justicia.
También se documentaron 3 tentativas de asesinato a Sonia Córdova, Julio Omar Gómez y a un periodista del cual se reserva su identidad.
Además, hasta la publicación de este informe, ARTICLE 19 ha documentado 2 asesinatos en el segundo semestre de 2017: el de Edwin Rivera, periodista migrante, ocurrido el 9 de julio en Acayucan, Veracruz, y el de Luciano Rivera ocurrido el 31 de julio en Playas de Rosarito, Baja California. En total se han documentado 8 asesinatos en lo que va del año.
ARTICLE 19 también documentó la desaparición de Salvador Adame, director de Canal 6tv, quien fue forzado a subir a una camioneta negra por un grupo de hombres armados y “encapuchados”, el 18 de mayo de 2017 en el municipio de Múgica, Michoacán. La familia Adame se ha enfrentado a situaciones de revictimización durante la investigación, particularmente frente a la renuencia de las autoridades a priorizar el trabajo periodístico de Salvador Adame como principal línea de investigación.
Incluso, las autoridades informaron a la familia del hallazgo de los supuestos restos del periodista, tan sólo una hora antes de que el procurador del estado de Michoacán realizara una rueda de prensa sobre los hechos. Como resultado de lo anterior, la familia ha insistido en la necesidad de realizar un peritaje independiente frente a la desconfianza en los procedimientos y el trato recibido por parte de la Procuraduría local. A pesar de la versión de las autoridades –la cual ha sido retomada por muchos medios de comunicación, pero no ha sido verificada–, Salvador Adame continúa en calidad de persona desaparecida, al no contar con elementos que doten de certeza a sus familiares. De esta manera, de 2003 a la fecha, 24 periodistas permenacen desaparecidos en México.
Por otra parte, el aumento de la violencia y la percepción de riesgo compartida por periodistas en todas las regiones del país, ha llevado a un aumento en el desplazamiento forzado. Tan sólo en los primeros seis meses de 2017, ARTICLE 19 tuvo conocimiento de 7 casos de desplazamiento forzado en el país. Esto es un indicador claro de que el riesgo constante y la falta de capacidad del Estado de protección son factores decisivos para que un periodista abandone su lugar de origen o residencia.
De esta manera, las y los periodistas deciden desplazarse temporal o permanentemente cuando hay una percepción de que su vida podría estar en peligro o que no existen garantías efectivas para su seguridad. En muchas ocasiones, el desplazamiento es la última medida de autoprotección.
No obstante, el desplazamiento se ha convertido en una medida cada vez más impulsada por el propio Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (Segob), dada la falta de capacidad real de garantizar la integridad de las y los periodistas en su lugar de origen o residencia.
En este sentido, ARTICLE 19 considera preocupante que, en determinados contextos, la autoridad considere como única opción de protección el desplazamiento, pues esto deriva en situaciones que pueden ser catastróficas para los periodistas. Tal es el caso del periodista asesinado en marzo de 2017, Cecilio Pineda, que al rechazar la medida de refugio otorgada por el Mecanismo de Protección, se le fueron retiradas las medidas dejándolo en un estado de total indefensión.
La otra situación que pasa desapercibida en relación al desplazamiento forzado de periodistas es que no hay políticas públicas, ni medidas enfocadas a la integración y no revictimización de las y los periodistas en los lugares de refugio o reubicación. ARTICLE 19 ha documentado distintos impactos del desplazamiento en periodistas, incluidos problemas de salud mental o de índole psicosocial. El disfrute de sus derechos sociales y económicos es prácticamente nulo, a consecuencia de la falta de recursos económicos derivada de la carencia de un trabajo estable y remunerado; en algunas ocasiones, los lugares de refugio no tienen condiciones dignas; la imposibilidad de que su familia se reubique con ellas o ellos; y la inexistencia de medidas para integrar a las y los periodistas a la sociedad receptora.
Es importante recordar que la falta de una investigación efectiva sobre los hechos que tuvieron como consecuencia el desplazamiento interno forzado puede perpetuar la situación de vulnerabilidad de las víctimas[2]. De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en su informe Informe Especial sobre el Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en México“, por omisión también se violentan derechos humanos. Ante el arribo de un grupo criminal a una comunidad, la autoridad debe realizar acciones a efecto de aprehender a estas personas conforme lo marca la ley y resguardar de esa manera la tranquilidad social. Los DFI ocurren por la ausencia de autoridad y ante la negativa de acudir a ciertas zonas por el riesgo que ello representa. Al dejar desprotegida a la población en riesgo de DFI, las autoridades de seguridad pública generan impunidad y un aliciente a esos grupos para continuar afectando a la población”.
Violencia de género
ARTICLE 19 no puede dejar de mencionar la violencia diferenciada a la que se exponen las y los periodistas por razones de género o de identidad y orientación sexual (de las y los periodistas o por la cobertura del tema). La documentación de los primeros seis meses del año arroja 10 casos de agresiones con componente de género. En estos destacan 4 casos de acoso y hostigamiento con lenguaje violento y con connotaciones sexuales, 2 amenazas de muerte (1 de daño físico y 1 de daño sexual) y 1 agresión física.
También se registraron 3 agresiones con componente discriminatorio por cobertura o identificación con una preferencia sexual no heterosexual: 1 campaña de desprestigio y difamación con contenido sexual, y 2 amenazas por redes sociales.
El entorno digital
La documentación de violencia contra la prensa en el entorno digital tomó un papel importante en la opinión pública al cierre del semestre, a la luz de la publicación del informe #GobiernoEspía, que da evidencia sobre espionaje a activistas, personas defensoras de derechos humanos y periodistas por medio de malware sofisticado y comercializado únicamente a gobiernos.
Cada vez es más difícil ignorar los riesgos a los que se enfrentan medios y periodistas en el entorno digital. De acuerdo con la documentación de ARTICLE 19, los medios digitales continúan siendo los más agredidos: 119 agresiones fueron dirigidas a periodistas y medios de plataformas digitales y 49 ocurrieron en el entorno digital.
Estas agresiones incluyeron actos de intimidación, acoso y hostigamiento, amenazas, ataques a sitios y alteración o falsificación de información en línea. Además, se documentaron 9 casos de intervención de comunicaciones (en el primer semestre de 2016 sólo se registró 1 caso): 1 vía telefónica y 8 a redes sociales.
Además, por primera vez, ARTICLE 19 documentó 1 caso de intento de remoción de contenido en alusión a protección de datos personales y a la vida privada. Los intentos por borrar información de interés público de las plataformas digitales se han convertido en un mecanismo de censura contra medios digitales y periodistas que publican casos de corrupción, conflicto de interés y violaciones de derechos humanos.
La mayoría de las veces, los intentos por remover contenidos se acompañan por amenazas e intimidaciones de carácter legal que de manera ilegítima y desproporcionada refieren a afectaciones a la vida privada, la honra y la protección de datos personales, de quienes están involucrados en los actos denunciados y publicados. Este tipo de prácticas carecen de sustento legal para llevarse a cabo y atentan contra la libertad de expresión e información en línea.
Agresiones por tipo de cobertura
ARTICLE 19 también documentó las coberturas periodísticas realizadas por medios y periodistas en el contexto de las agresiones. En este sentido, destaca que en el 47.8% de los casos (132) la cobertura de “corrupción y política” está relacionada con agresiones. Esto no puede desvincularse del hecho de que el 50.7% de las agresiones fueron presuntamente cometidas por funcionarios públicos.
Por su parte, en el 29% de los casos (80), las víctimas documentaron y publicaron información relacionada con temas de “seguridad y justicia”; en el 13.4% (37) sobre “protesta y movimientos sociales”; en el 8.3% (23) sobre “derechos humanos”; en 1.1% (3) sobre “tierra y territorio” y en 0.4% (1) sobre “sector privado”. Cabe destacar, que de los 6 periodistas asesinados en este periodo, 5 cubrían principalmente el tema de “seguridad y justicia” y 1 de “corrupción y política”.
De la misma manera es importante señalar que las y los reporteros continúan siendo los perfiles del periodismo más agredidos, con 157 del total de agresiones.
Por otro lado, las radios comunitarias se encuentran en un grado de mayor vulnerabilidad con respecto a otro tipo de medios: se documentaron 7 agresiones.
La respuesta del Estado: más paliativos
Este primer semestre del 2017 se caracterizó también por múltiples iniciativas de diversos gobiernos con relación a protección a periodistas. Partiendo de un diagnóstico equivocado que elude a los propios agentes del Estado como principales perpetradores de la violencia contra la prensa, y soslayando que ya existe un andamiaje institucional para atender esta problemática, los actores políticos pretenden mostrar supuesta voluntad de atender la situación mediante la creación de nuevas leyes y más burocracia.
Tras el asesinato del periodista Javier Valdez en Culiacán, Sinaloa, el 15 de mayo –mismo día en que fue asesinado también Jonathan Rodríguez en el municipio de Autlán, Jalisco–, se llevó a cabo una reunión titulada “Acciones por la libertad de expresión y para la protección de periodistas y defensores” en donde estuvieron presentes Enrique Peña Nieto, presidente de la República; la y los gobernadores de cada estado, como miembros de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago); Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Raúl Cervantes, titular de la Procuraduría General de la República (PGR), y Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Posteriormente, el 2 de junio se reunieron la Segob, Conago y CNDH para firmar un convenio sobre protección a periodistas, en donde acordaron: 1) contar con legislaciones específicas en la materia; 2) establecer fiscalías o unidades especializadas en delitos contra periodistas; 3) promover la eliminación de los delitos de difamación y calumnias; y 4) homologar los protocolos de prevención y protección a periodistas.
Derivado de lo anterior, ARTICLE 19 tiene conocimiento de diversas iniciativas que se han presentado o reactivado en los estados de Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tabasco y Zacatecas. Asimismo, hay una iniciativa en la Cámara de Diputados federal para discutir y aprobar la Ley General de Protección a Periodistas.
ARTICLE 19 considera que esta respuesta por parte del Estado mexicano es tardía, tomando en cuenta que desde 2007 la violencia contra periodistas ha ido en aumento. Asimismo, se estima que estas medidas son paliativos frente a la grave crisis que se vive en México, pues sin las capacidades y voluntad política, sólo se generarán más leyes carentes de eficacia y más burocracia. Como hemos visto en los últimos años, a pesar del andamiaje legal e institucional que se ha creado, la violencia contra periodistas no ha cesado, e incluso, se ha agravado.
Como se expresó ampliamente en en el informe anual Libertades en Resistencia la creación de más mecanismos de protección no resolverá esta situación si no se parte de un análisis y acciones desde un enfoque integral de garantía para la libertad de expresión. En este sentido se debe considerar, por ejemplo, la despenalización de delitos que inhiben y coartan la libertad de expresión; regular la publicidad oficial; instituciones autónomas de procuración de justicia (lo cual se encuentra ligado con la grave impunidad que existe de 99.6% en delitos contra periodistas); la existencia de servicios forenses independientes; entre otras.
Es por ello que estas medidas, lejos de brindar soluciones efectivas, entorpecen y dificultan el trabajo de protección a periodistas, colocándoles incluso en mayor riesgo ante la atomización y fragmentación de acciones por parte del Estado mexicano. Máxime cuando los datos arrojan que son las propias autoridades de los tres niveles de gobierno las que presuntamente ejercen violencia contra las y los periodistas.
De esta manera, ARTICLE 19 exige a las autoridades federales y locales que pongan en marcha una estrategia que apunte a la construcción de una política pública integral para garantizar la libertad de expresión, mediante la cual se coordine las medidas de protección a periodistas con la investigación de los casos de violencia. Las acciones llevadas a cabo deben mostrar resultados, tomando como base que el pleno goce de los derechos a la verdad, a la justicia y la reparación integral. En este sentido, los casos de violencia contra la prensa deben abordarse tomando como línea prioritaria la de su labor informativa.
